Mauricio Daza dijo en Cooperativa que ambos montaron la supuesta asociación ilícita.
Este martes todos los imputados en la causa fueron sobreseídos por el tribunal de Garantía.
El abogado Mauricio Daza, representante de uno de los imputados del "caso bombas", acusó directamente al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el ex fiscal Alejandro Peña por el derrumbe del caao, luego que todos los imputados fueran sobreseídos por el Octavo Tribunal de Garantía.
El jurista, representante de Pablo Morales, sindicado como uno de los líderes de la asociación ilícita que colocaba bombas en Santiago, señaló que antes de buscar compensaciones por los ocho meses que pasó su defendido en la cárcel de Alta Seguridad, lo primero es establecer las responsabilidades en este caso.
"Yo creo acá los responsables son dos personas: el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, quienes en definitiva montaron esta supuesta asociación ilícita y le presentaron en algún momento al país como que ésta era la solución de la colocación de artefactos explosivos, que ha sumado y ha seguido y que no tiene una respuesta satisfactoria de la autoridad respecto de los verdaderos responsables", señaló Daza a Lo Que Queda del Día.
El abogado Daza además acusó presiones de parte del titular de Interior para que el ex fiscal fuera nombrado al frente de la causa, que en su momento era investigada por Xavier Armendáriz, quien nunca logró realizar ninguna imputación con los mismos antecedentes que recibió Alejandro Peña.
"Acá hubo una responsabilidad política gigantesca, se privilegió mostrar comunicacionalmente un resultado a la rápida cuando existía una investigación de años, y lo más grave, la persona que pide el ministro Hinzpeter que sea designado a cargo de la causa es el fiscal Peña, quien por ley debía ser alguien autónomo en relación al poder político, pero él presenta la acusación en el 'caso bombas' y dos días después se va a trabajar como empleado del querellante, el Ministerio del Interior", dijo.
"La verdad que este caso es bastante burdo", añadió.
Modificación a la ley de conductas terroristas
Además, el jurista recalcó que existe un serio problema con la ley de conductas terroristas, la que a su juicio, debe ser modificada, ya que permite que el Ministerio Público mantenga en prisión preventiva a los acusados, en este caso en particular, los imputados pasaron alrededor de ocho meses en prisión.
"Acá lamentablemente la Fiscalía tiene la posibilidad de calificar cualquier delito que ellos investigan desde un comienzo como conducta terrorista, con la finalidad de obtener de manera más fácil prisiones preventivas, interceptaciones telefónicas y seguimientos. En concreto, hay que modificar esa ley con la finalidad que ese estatuto pueda ser aplicado por el Ministerio Público, previa autorización judicial pero desde un comienzo del proceso", señaló.
"Cuando hay una causa que tiene mucha conmoción pública y existen presiones políticas, el Ministerio Público señala que se debe aplicar la legislación terrorista, no porque existan muchos antecedentes, sino porque no existe ninguno y a través de las vías excepcionales que otorga esta ley se permiten tomar medidas intrusivas intensas y esa debe ser una de las reflexiones del caso bombas", recalcó Daza.
Daza recalcó que "ese es el problema de cómo está diseñada la ley de conductas terroristas, que permite a la Fiscalía mantener en prisión preventiva largo tiempo a las personas bajo antecedentes muy febles, y en la práctica, cuando finaliza el proceso son absueltos".
"Durante la vigencia de la reforma procesal nunca, ninguna persona, ha sido condenada por se miembro de una asociación ilícita terrorista en Chile, no obstante, existen más de dos decenas de personas que han estado en prisión preventiva por ese delito y han sido absueltos por el mismo", concluyó.
