El abogado Rodrigo Román, defensor de cuatro de los 13 imputados de llamado "caso bombas", indicó que luego de que el Ministerio Público desistiera de la acusación por asociación ilícita terrorista la única posibilidad es que sus clientes sean absueltos. Sin embargo, junto con eso, se evaluará la presentación de acciones legales contra el Estado por los daños causados.
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El jurista apuntó contra la labor desempeñada por el ex fiscal Alejandro Peña. (Foto: UPI) |
El profesional dijo que es indispensable una revisión judicial de las consecuencias y circunstancias en las cuales se gestó la calificación de terroristas para los imputados por parte de la Fiscalía, que redundó en una prisión preventiva de más de siete meses.
"Desde luego en los próximos días interpondremos acciones civiles que dicen relación con la reparación", sostuvo.
Según el abogado, "al menos estaríamos en presencia de un error judicial, lo que legitima a mis representados -que han sido sobreseídos definitivamente hoy día- para demandar civilmente por la responsabilidad que tiene el Estado, considerando fundamentalmente, por un lado, la larga estadía en prisión, luego la exposición (pública) y en definitiva la circunstancia de haberlos sindicado como terroristas", explicó.
El único camino es la absolución
El Octavo Juzgado de Garantía capitalino dictó este martes el sobreseimiento definitivo para los imputados respecto de los cargos de asociación ilícita terrorista, quedando pendiente que respondan por colocación de artefactos explosivos cuatro imputados y por financiamiento otros dos.
El juez Fernando Valderrama condenó incluso al Ministerio Público a pagar a los costos del proceso, incluyendo las remuneraciones de los abogados defensores de las personas que fueron sobreseídas.
En diálogo con Cooperativa, Román celebró la resolución judicial y criticó "la contumacia por parte de Ministerio Público" al insistir en la imputación de terrorismo. Indicó que ahora "lo que queda es que el 28 de noviembre parte el juicio, cuyo único camino es la absolución" de los acusados.
En este sentido, "hay tranquilidad por parte de la defensa, sin perjuicio de que sorprende la contumacia por parte del (órgano) persecutor en sostener una acusación infundada: lo que ocurrió no es que se haya desechado abundante prueba, lo que pasa es que nunca existió la prueba suficiente como para justificar ni siquiera una formalización".
Román recordó que la investigación se inició hace "más de cinco años" y en su mmento "el fiscal oriente -a la sazón el fiscal (Xavier) Armendáriz- señaló expresamente que no tenían antecedentes suficientes ni siquiera para formalizar".
"Lo curioso es que el fiscal Peña en dos meses hace síntesis, formaliza, luego acusa, pide cadenas perpetuas y finalmente lo que se determina es un sobreseimiento definitivo", remató el profesional.