Mauricio Daza destacó el fallo que obliga a la Fiscalía a asumir los gastos de las defensas de los 14 imputados.
El ministro de Interior y su asesor "son los responsables", señaló.
El abogado Mauricio Daza, defensor de Pablo Morales, una de las personas que fue imputada por la Fiscalía como supuesto líder de la organización "terrorista" que se dedicaba a poner bomba en la capital (causa que fue sobreseída en octubre de 2011), valoró la resolución judicial que determinó que el órgano persecutor deberá pagar las costas del proceso por haber llevado adelante las acusaciones sin fundamento suficiente.
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| Por parte del Gobierno "lo único que ha habido son montajes", dijo otro abogado defensor, Rodrigo Román. (Foto: UPI) |
Si bien consideró positiva esta acción contra el Ministerio Público, Daza apuntó que "lo único lamentable del fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago es que se condena, en definitiva, a pagar esta suma de dinero al Fisco de Chile y no (se adopta esta medida) en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro (del Interior Rodrigo) Hinzpeter y el ex fiscal (Alejandro) Peña", hoy funcionario de dicha carpeta.
En un sentido similar habló el abogado Rodrigo Román, defensor de otros de los 14 imputados, quien destacó los repetidos fracasos del Ejecutivo en su política persecutoria cuando ha acusado delitos de carácter terrorista.
"Se pretendió instalar la existencia en Chile -por lo menos en Santiago- de una red o una asociación ilícita terrorista, todo lo cual se fue a pique, se fue a tierra, porque a poco andar quedó al descubierto que el artífice de esta historia, el ex fiscal Peña, pasó a trabajar a Interior", dijo.
En opinión de jurista, "nuestras policías, nuestros persecutores se están formando para la persecución del terrorismo, y la verdad es que eso no queda claro, porque lo único que ha habido aquí son montajes, son casos de baja monta".
Roman recordó en este sentido "el caso del ciudadano paquistaní [Saif Ur Rehman Kahn, quien fue detenido en la embajada de Estados Unidos en mayo de 2010, acusado de portar 'trazas' de explosivos] , el caso de Manuel Olate [militante comunista que fue detenido y acusado de ser nexo de las FARC en Chile, evaluándose incluso su extradición a Colombia], y también de este llamado 'caso bombas'".
La estimación preliminar establece en 29 millones de pesos el pago que deberá efectuar la Fiscalía. Sin embargo, según las declaraciones de los abogados de los 14 imputados, que cobran de seis hasta 15 millones de pesos, se calcula que el monto final podría llegar hasta los 200 millones de pesos.
