La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió al Presidente Sebastián Piñera,que "se tomen todas las medidas apropiadas para poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de los DD.HH." en ese país, tras el "allanamiento del domicilio" de la directora del Codepu.
La FIDH "desea expresarle por medio de la presente (carta abierta) su preocupación y repudio frente al allanamiento del domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu)", declaró la máxima responsable de la organización, Souhayr Belhassen.
Uribe es una "destacada defensora de los DD.HH." -dice la FIDH- y preside una "organización no gubernamental que asiste a las víctimas y a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos", que vive en la localidad de Batuco.
El pasado 14 de agosto un grupo de funcionarios del GOPE de Carabineros "derribaron la puerta de entrada principal de su casa y agredieron a Bárbara Vergara Uribe, hija de Viviana Uribe y trabajadora de Codepu, que tiene ocho meses de embarazo", denunció la FIDH.
Denuncian violencia excesiva
La organización con sede en París agregó que durante el procedimiento, los funcionarios tiraron al suelo a la pareja de Bárbara Vergara "apuntándole con una metralleta" en un episodio que se desarrolló sin una orden de allanamiento previa.
Los funcionarios incautaron tres bicicletas, dos cuadernos, varios discos duros de computadores, discos, fotografías, teléfonos celulares, ropa y varios documentos de la ONG.
"Este allanamiento se inscribe en el marco de la operación 'lucha contra el terrorismo' llevada a cabo el mismo día (...) por las fuerzas especiales que allanaron otras 17 casas y detuvieron a 14 personas, sospechosas de haber participado al menos en 23 atentados con bombas" en los últimos años.
La FIDH recordó que Uribe, defensora de los derechos humanos, "nunca ha recurrido a la violencia, al igual que su hija".
La misiva, firmada también por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), condena "el violento allanamiento de la casa de Uribe y los malos tratos perpetrados contra su hija y el compañero de ésta última a manos de agentes del Estado chileno".
Además, insta a Piñera que se restituyan los bienes incautados y llama a su Gobierno a "garantizar el libre ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y alienta a que se siga avanzando en los procesos que buscan establecer la verdad y la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura".