Así arrojó el informe realizado por el organismo junto a otras instituciones de DD.HH.
El documento pone énfasis en la vulneración de derechos que permite la Ley Antiterrorista.
Un informe realizado por el Observatorio Ciudadano, la Comisión de Etica contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos reveló que los 15 imputados del caso bombas pueden considerarse como presos políticos.
El d
ocumento, que será enviado a la OEA, destaca que no se ha respetado su presunción de inocencia, junto con ser condenados públicamente por medios de comunicación y el Gobierno, ser objeto de vejámenes y la vulneración de sus derechos por la Ley Antiterrorista.
Para el diputado PPD Tucapel Jiménez, "la famosa Ley Antiterrorista no pasa ningún test democrático en ningún país del mundo. Los cambios que se hicieron fueron cosméticos que no sirven de nada, por lo tanto este informe lo vamos a llevar el día miércoles a la Comisión de DD.HH. y se pueda patrocinar una comisión investigadora para ver la real independencia de la Justicia chilena".
En tanto, el abogado defensor Mauricio Daza puso hincapié en los vicios legales que, a su juicio, cometió el ex fiscal del caso Alejandro Peña, ya que "le ofreció beneficios extrapenitenciarios a condenados por narcotráfico en causas que él mismo llevó a cambio de que declararan contra los imputados".
Por su parte, el diputado PC Hugo Gutiérrez apuntó a las malas condiciones que han enfrentado los involucrados en prisión, puesto que "no hay justificación alguna que haya personas que estén en sus celdas individuales por más de 22 horas".
