El Juzgado de Garantía de Rancagua, en procedimiento abreviado, condenó este sábado al ex director de obras de la Municipalidad de Machalí Jorge Silva Menares a 818 días de presidio -con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso- en calidad de autor del delito reiterado de cohecho, en el marco del caso Caval.
El magistrado Mauricio Silva, además, condenó a Silva a la pena de tres años y un día de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporales por los delitos cometidos entre 2013 y 2014 en Machalí, pena que fue sustituida por el pago de una multa de 55.030.792 pesos (1.170 UTM).
Además, se le condenó a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, regulándose en ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual.
Para el cumplimiento del beneficio de la remisión condicional de la pena, Silva quedará sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería que corresponda a su domicilio.
De esta manera, el ex director de Obras del Municipio de Machalí se suma a operador político de la UDI Juan Díaz Sepúlveda, quien fue condenado en noviembre pasado a tres años de presidio en calidad de autor del delito reiterado de soborno, pero también recibió el beneficio de la remisión condicional de la pena.
El fallo
La sentencia dio por acreditado que "los hechos descritos configuran el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, en carácter de reiterado, toda vez que un empleado público, funcionario de la I. Municipalidad de Machalí, Director de Obras, recibió, directamente o a través de su cónyuge, dineros para realizar gestiones propias de su cargo con infracción a los deberes de su cargo, relativas a la modificación del plan regulador intercomunal Rancagua- Machalí, con el objeto de aumentar el límite urbano, incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena".
La condena prosigue que Silva encargó "a las profesionales, ingeniera Luz María Loyola Torrealba y la geógrafa Gladys Morales Becerra, la realización de un estudio de capacidad vial y de un estudio ambiental estratégico, a pesar que ninguna tenía vínculo con la municipalidad, sin que mediaren pagos municipales para ello ni que se hubieren llamados para licitar estos estudios, burlándose el proceso de contratación pública, pues se trata de estudios que debió encargar la municipalidad aplicando la ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios".
"Así a partir de lo solicitado por Díaz Sepúlveda a Jorge Silva Menares, con los fines señalados, infringiendo los deberes de su cargo, incorporaron estos al proceso respectivo, como si hubiesen sido contratados o licitados por la municipalidad, informes realizados por particulares y pagados con fondos privados, en circunstancias que debían ser realizados con fondos públicos, con la finalidad de influir de manera indebida en el proceso de modificación del plano regulador intercomunal, montos de dineros que ascendieron a un total de 55.030.792 pesos, entregados por Díaz Sepúlveda a Silva Menares", sentencia el texto.
