Por medio un informe, el juez Andres Contreras solicitó al tribunal de alzada dejar sin efecto y modificar las sentencias contra Patricio Tombolini y Víctor Manuel Rebolledo, respectivamente.
El fiscal de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Andrés Contreras, recomendó revocar dos condenas y modificar otras dos en el denominado caso coimas, en un informe de 30 carillas que entregó a este tribunal.
Contreras sugirió dejar sin efecto la sentencia que condenó al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini a una pena de tres años de prisión como autor de dos delitos de cohecho, dictada el 9 de julio de 2004 por el ministro en visita Carlos Aránguiz.
Tombolini está acusado de solicitar al empresario Carlos Filippi 15 millones de pesos para autorizar la ampliación de su negocio de plantas de revisión técnica, así como tres millones de pesos para la campaña política de Ernesto Velasco.
Contreras también solicitó absolver de uno de los cargos de soborno, por tres millones de pesos, que se le imputan a Filippi, el principal denunciante en el caso, y condenarlo sólo a 100 días de reclusión por dos delitos de soborno por un monto total de 35 millones de pesos.
En cuanto al ex asesor del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Alejandro Chaparro, condenado como coautor del delito de cohecho por 15 millones de pesos, el fiscal fue partidario de elevar de cinco a siete años la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como de 21 a 100 días la reclusión menor en su grado mínimo.
El fiscal también recomendó revocar la condena de 300 días de reclusión para el diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo, acusado como autor del delito de soborno por 15 millones de pesos.
Estas dos modificaciones responden a los descargos del ex jefe de finanzas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Erick Leyton, quien declaró que le entregó dinero a Chaparro y no a Rebolledo, en su actuación como mediador de la transacción.
Con la entrega de este informe, la causa será puesta en tabla para ser analizada por la Corte de Apelaciones rancagüina, donde los jueces deberán escuchar las versiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de las partes para confirmar el fallo de juez Aránguiz.
