Dueño de Eurolatina arriesga otros cinco años de cárcel por nuevas estafas

Una pena que parte de cinco años de cárcel arriesga Marcos Elgueta Cárcamo, uno de los hermanos dueños de la financiera informal Eurolatina, que fue detenido ayer martes por nuevos delitos de estafa y usura cometidos a través de empresas dedicadas a los créditos informales: Los Queñes e Hippo Capital.

Elgueta -que usaba el nombre falso de Exequiel Andrade para operar- fue formalizado ayer y quedó en prisión preventiva, mientras su esposa, Isabel Urra, y su cuñada, Pamela Olivares, quedaron con arresto domiciliario en su calidad de cómplices de la estafa de cerca de mil personas de escasos recursos.

"Por operar delitos reiterados arriesga (Elgueta) una pena de crimen, que va de cinco años y un día hacia arriba, y eso se sumaría a la condena que ya tiene por la Corte Suprema", que es de cinco años y un día, junto a su hermano, Pedro Elgueta, explicó este miércoles el abogado Manuel Ibarra, querellante en el caso Eurolatina, a El Diario de Cooperativa.

"Lo importante es que hoy, aunque sea tarde, las instituciones están funcionando y acá la Fiscalía tomó caras en el asunto: formalizó a Marcos Elgueta Cárcamo, a su señora y a su cuñada. Eso indica que las instituciones tienen un rol fundamental".

"Me alegra la actitud del Ministerio Público contra estas personas para poder poner, en definitiva, término al abuso de estas empresas informales", dijo Ibarra, quien apuntó a una deuda del Parlamento en este sentido .

"Los abogados y juristas no entendemos que quienes tienen que prohibir este tipo de actividades ilícitas –el Poder Legislativo- no lo hacen. Resulta que acá se puede condenar a representantes de una empresa que esté cometiendo delitos y lisa y llanamente constituyen otra empresa y con palos blancos, con su señora, siguen cometiendo el mismo ilícito", denunció.

"La Ley de Operaciones de Crédito y Dinero fue creada para los bancos e instituciones financieras, pero los legisladores parece que no advirtieron que de esa ley se podían colgar inescrupulosos para prestar dinero a gente de escasos recursos. No hay ninguna prohibición u obligación para estas empresas informales para que se sometan a la fiscalización de la Superintendencia", resaltó el letrado.