La condena por el delito de incendio de sólo dos imputados en el llamado "Caso Iglesias" y la desestimación del delito terrorista en la quema de templos en el sur del país ha provocado un debate entre fiscales, parlamentarios y el Gobierno sobre las dificultades de acreditar los delitos bajo la ley antiterrorista.
Este sábado, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco declaró culpables a Pablo y Benito Trangol como autores del delito de incendio y absolvió a Alfredo Tralcal y a Ariel Trangol, en el marco de la investigación por la quema de una iglesia evangélica en el sector de Niágara, comuna de Padre Las Casas, en 2016.
Al respecto, el integrante de la comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), criticó la dificultad que enfrenta el Ministerio Público para probar este tipo de delitos, afirmando que "hay recurrentes fallos judiciales que señalan que la modificación que se hizo bajo el primer Gobierno de Sebastián Piñera exige a los fiscales un estándar probatorio prácticamente imposible de cumplir".
"(Esto), porque los obliga no sólo a probar que las personas participaron de la colocación de los artefactos explosivos o de los incendios, sino que además que tenían la intención o el ánimo de causar temor en la población. Al ser ese un elemento subjetivo, es muy difícil de probar, que es lo que han dicho los jueces", añadió el parlamentario.
"En su oportunidad planteamos la necesidad de modificar la norma, derogar la actual legislación y poner un nuevo capítulo en el Código Penal para así tener una buena ley antiterrorista", indicó, recalcando que en él se pueden incorporar "elementos novedosos que reúnan los estándares internacionales de derechos humanos, pero, a su vez, sean mucho más eficaces en la aplicación".
Desde el Gobierno, en tanto, coincidieron con que la legislación vigente debe ser modificada para incluir la tipificación de hechos objetivos y así poder aplicarla de manera más consistente.
Así el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseveró en "Estado nacional" de TVN que "el planteamiento del Gobierno es pasar de una ley que deja una interpretación al juez a la tipificación de hechos objetivos y, en ese sentido, -por ejemplo- un incendio con personas dentro del templo claramente sería bajo este nuevo proyecto de ley, si fuera ley, un delito terrorista".
Fiscales: "Estamos preocupados"
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, aseguró que el resultado del Caso Iglesias podría traer consecuencias negativas para el futuro.
"Como fiscal, entiendo que los elementos en este caso eran suficientes para condenar. También entiendo que se va a recurrir a través de los recursos pertinentes, pero la realidad nos ha dicho lo contrario, la jurisprudencia y los tribunales no se han convencido de tal", dijo.
"Estamos preocupados, esto acarrea serias consecuencias. Ahora, el delito de incendio tiene una pena grave y alta de crimen pero no es suficiente", agregó.
La persecutora solicitó poner urgencia al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista, sosteniendo que "para nosotros, como Ministerio Público, es preocupante y entendemos que es relevante modificar esta legislación lo más rápido posible".
"Si se le tiene que dar urgencia o discusión inmediata al proyecto, que se le dé y se le otorgue, porque en este momento para el Ministerio Público claramente se ha visto que poder acreditar en juicio elementos subjetivos no ha sido posible y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el legislador es dar las herramientas a los Tribunales y al ente persecutor para poder establecer este delito", sentenció.
