Los ocho de los 11 comuneros que fueron imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay que permanecen en prisión preventiva en la Cárcel de Temuco iniciaron el domingo una huelga de hambre ante la determinación de la familia de las víctimas de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), pues estiman que esto podría aplazar la causa.
El abogado Carlos Tenorio, quien representa a los hijos del matrimonio asesinado en Vilcún, dijo que la intención de los querellantes no es retrasar el juicio.
"(El requerimiento al TC) apunta a una norma del código procesal puntual y en ningún caso hemos estudiado hasta ahora la necesidad de pedir la suspensión del juicio, toda vez que es interés de la familia Luchsinger Mackay que el juicio siga adelante en los términos y en los plazos preestablecidos", manifestó el jurista.
Este requerimiento de inaplicabilidad ante el TC de parte de la familia Luchsinger surge debido a que la jueza Alejandra García excluyó "toda la prueba ofrecida" durante la audiencia preparatoria, al considerar para su resolución que dichas pruebas "habían sido obtenidas con infracción de garantías constitucionales".
Incluso la familia Luchsinger ya recurrió de apelación por la exclusión de las pruebas.
Segundo día de huelga
Este lunes se cumplió el segundo día de esta medida de fuerza y surgió preocupación entre movimientos mapuche, especialmente de Malleco, y de agrupaciones de Derechos Humanos en La Araucanía.
Según explicó la abogada defensora, Manuela Royo, los comuneros temen que este requerimiento puede detener la causa por un año o más y obligarlos a pasar más tiempo en prisión preventiva.
Otra de las imputadas, la machi Francisca Linconao, está con arresto domiciliario, lo mismo que con José Peralino Huinca, mientras que Sergio Catrilaf Marilaf se encuentra prófugo, luego que determinara no volver a la cárcel cuando le fue otorgada la libertad condicional.