Alejandro Solís interrogará al estadounidense sobre la presunta oferta de 25 mil dólares hecha por ex dictador a uno de los cuatro equipos formados para asesinar al ex comandante en jefe en Buenos Aires.
El juez Alejandro Solís consultará a Michael Townley sobre la existencia de una recompensa que Augusto Pinochet habría ofrecido por asesinar al ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, quien falleció en un atentado con bomba perpetrado en Buenos Aires en septiembre de 1974.
Fuentes judiciales indicaron a Radio Cooperativa que durante la indagatoria al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley, el juez Alejandro Solís le preguntará puntualmente "si es efectivo o a usted le consta que el general Augusto Pinochet Ugarte propuso una recompensa de 25 mil dólares (unos 14 millones 600 mil pesos actuales) a uno de los cuatro equipos que se formó para que causaran la muerte del general Carlos Prats".
Durante la diligencia, que se llevará a cabo este jueves en Estados Unidos, el juez Solís no podrá utilizar los antecedentes que recopile para abrir una causa en Chile en contra Townley, autor confeso del doble del atentado que costó la vida a Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert y quien se encuentra acogido al programa de protección a testigos de la Justicia estadounidense.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Cecilia Prats, hija del asesinado ex comandante en jefe del Ejército, se mostró impresionada frente a la posibilidad de que Pinochet haya ofrecido dinero por terminar con la vida de su padre.
La hija menor de Carlos Prats reconoció que "no había escuchado nada" sobre esa versión, pero dijo que "el solo hecho de decidir una muerte y de que Pinochet haya estado involucrado en una decisión como esta, en la muerte de un general de Ejército y ex camarada, es ya fuerte ya", pero más encima haya existido un presunto ofrecimiento de dinero de por medio "la verdad que es muy impresionante".
Además, Cecilia Prats se mostró esperanzada de que la indagatoria a Townley –quien se encuentra acogido al sistema de protección a testigos de la justicia estadounidense- "pueda ratificar la participación de Augusto Pinochet en las decisiones de este atentado" a fin de aportar nuevos antecedentes que redunden en la ratificación por parte de la Corte Suprema del desafuero dictaminado a principios de diciembre por la Corte de Apelaciones de Santiago.
"Teniendo más antecedentes creo que nos puede servir bastante para poder determinar la participación de Pinochet, por lo menos personalmente me interesa mucho que quede claro, nosotros lo creemos así, que la orden partió también de Pinochet" aseguró.
"Creemos que es lo justo. Si Pinochet estuvo involucrado y para nosotros es capaz de contestar un interrogatorio", esta diligencia se debería efectuar a fin de conocer los descargos del ex dictador, aseveró.
Asimismo, Cecilia Prats calificó como "muy importante y relevante" el interrogatorio, porque a su juicio también puede permitir la ratificación de antecedentes que ya obran en poder del magistrado y la anexión de otros que podrían redundar en nuevos procesamientos.
"Hace tantos años que llevamos este proceso, que tenemos absoluta claridad de la actuación de cada uno de los procesados como también del autor material de Townley y su señora (Mariana Callejas), que fueron las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, por lo cual esta visita del juez Solís a Townley sirve para ratificar los hechos que ya nosotros conocemos y bueno ojalá pueda aportar algunos antecedentes que puedan confirmar más todavía la actuación de las personas que están en el caso", indicó.
"Sería importante también que (Townley) pudiera nombrar también a otras personas que no hemos tenido pruebas respecto de su participación, pero si sabemos que estuvieron dentro de grupos que organizaron este atentado", agregó.
En el juicio que lleva adelante el juez Solís están procesados los generales retirados Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Raúl Iturriaga Neumann; los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zara y Christoph Willike; así como los agentes civiles de la dictadura Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.
