Caso basura: Juicio entró a la recta final en su arista Ñuñoa
El martes se realizaron los alegatos de clausura del proceso, que involucra al ex alcalde Pedro Sabat y al ex director jurídico de la Municipalidad.
Sabat arriesga siete años de cárcel.
El martes se realizaron los alegatos de clausura del proceso, que involucra al ex alcalde Pedro Sabat y al ex director jurídico de la Municipalidad.
Sabat arriesga siete años de cárcel.
Por más de cuatro horas se realizaron los alegatos de clausura del juicio por el caso Basura, en el que en su arista "Ñuñoa" están procesados el ex alcalde Pedro Sabat y el ex director jurídico de la comuna, Marcial Araya, acusados de favorecer en una licitación a la empresa KDM.
Luego de 21 días de audiencias de este juicio oral aún restan las réplicas y dúplicas que se desarrollarán este miércoles.
El fiscal metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, reafirmó que en este caso hay responsabilidades de parte del ex alcalde Sabat.
"Pedimos en la acusación penas de cárcel para ambos, penas de inhabilitación para que no puedan ser funcionarios públicos (...) Los funcionarios públicos tenemos deberes distintos de un funcionario privado, obligan a cumplir cierta normativa al momento de la licitación y creo que el (ex) alcalde y el (ex) director jurídico no las cumplieron", planteó el persecutor.
Defensa desestima irregularidades
Aunque el ex alcalde Sabat salió raudamente de la Sala sin hacer mayores comentarios, su abogado, Miguel Ángel Jiménez, insistió en que no se ha demostrado que el ex jefe comunal haya cometido un delito.
"El Ministerio Público ni el CDE han podido acreditar que mi cliente influyó en la elaboración de las bases para favorecer una empresa determinada, ni en el proceso de adjudicación ni en el proceso de firma del contrato. Todo lo que se hizo durante la instancia del alcalde Pedro Sabat en relación al contrato que hoy día se está discutiendo fue con pleno apego a la legalidad vigente en la época", dijo el jurista.
El ex alcalde Sabat arriesga siete años de cárcel y una multa del 10 por ciento del monto total defraudado, que en total alcanza a más de 540 millones de pesos, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.