La semana pasada el inicio del proceso se vio frustrado por la recusación del juez que estaba a cargo, quien fue reemplazado.
Este lunes comenzó el juicio oral por el caso Huracán, originado en septiembre de 2017, cuando se descubrió la presentación de pruebas falsas contra comuneros mapuche originadas en el servicio de inteligencia de Carabineros, por lo que 10 de los imputados son exfuncionarios de esa institución, a quien se suma el civil Álex Smith, supuesto creador de un sistema para intervenir teléfonos que finalmente era inexistente.
Tras casi ocho años de investigación se esperaba que el Juzgado de Garantía de Temuco diera inicio a este proceso la semana pasada, pero la defensa de los imputados recusó al juez que estaba a cargo, Ignacio Rau, por su participación como dirigente sindical de los jueces y por una entrevista que dio hace algún tiempo en que calificó el caso huracán como "grave". Esto causó que fuera reemplazado.
Superado ese último obstáculo, a las 9:00 de la mañana se inició el juicio que se espera dure alrededor de seis meses y tenga la participación de 250 testigos en un proceso que puede significar una pena de 25 años de cárcel para los principales imputados.
Poco antes de comenzar la audiencia de este lunes, el abogado Rodrigo Román, quien representa a algunos de los comuneros mapuche que fueron falsamente implicados en hechos de violencia, fue duro con las reiteradas postergaciones del juicio: "Por largos siete años ha sido la charlatanería misma, dilatar el juicio y denegar la justicia. La justicia para que sea tal tiene que ser oportuna y esto es chacota. Saquen ustedes la cuenta. Esto ocurrió en septiembre de 2017. Han pasado casi ocho años".
Mientras que Víctor Queipul, lonko de Temucuicui, enfatizó que "aquí se falseó información para inculpar a dirigentes mapuche, y yo estoy acá porque al final, lo que se quiso perseguir (con Huracán) no fueron sólo los tres peñi detenidos en ese momento, sino que a la comunidad; se quiso silenciar la lucha del pueblo mapuche, la reclamación de nuestro territorio".
🔴TOP de Temuco inicia alegatos de apertura en juicio contra funcionarios de Carabineros acusados como autores de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, sabotaje informático, entre otros, en el marco de la denominada “Operación Huracán”
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 24, 2025
🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/Zsfh1JKRVf
Entre los argumentos de los representantes de los comuneros está el hecho de que la supuesta intervención telefónica detectó mensajes de WhatsApp de los comuneros para coordinar delitos inexistentes, pero ellos no tenían dicha aplicación en sus teléfonos, por lo que era imposible que existieran esos diálogos.
Además, el propio Alex Smith reconoció que no tiene título universitario ni tenía las capacidades para hacer ese tipo de trabajos tecnológicos, pese a lo cual era asesor de la unidad de inteligencia de Carabineros en materia cibernética.
Respecto al inicio de este este juicio oral, la abogada de algunos de los comuneros, Karina Riquelme, detalló que "se leyeron los hechos por los cuales se les imputa a todos los miembros de Carabineros y un civil generar pruebas falsas para acusar y obstruir distintas investigaciones penales".
"Todos y cada uno de los imputados desde sus domicilios conectados (de forma online), ninguno de ellos presencial en sala", cuestionó.
Por su parte, el abogado Cristián Arias, defensor del general en retiro Gonzalo Blu, exjefe nacional de Inteligencia de Carabineros y oficial de mayor rango imputado, argumentó que "vinimos a este juicio a dejar establecido que Gonzalo Blu no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que son materia de acusación. La acusación que plantea el ministerio público es artificiosa. Quien la suscribe es un fiscal involucrado en actos de corrupción, Carlos Palma Guerra".
El mencionado persecutor ya no está a cargo de la investigación, sino que lo está el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, quien remarcó en esta jornada que "los hechos por los que se viene a juicio hoy son graves".
"Entendemos la preocupación de las comunidades, pero hay que considerar que se engañó a ministros de Corte de Apelaciones; a fiscales, y no solamente a fiscales adjuntos, sino que al fiscal nacional de la época y a fiscales regionales, aportándoles información falsa para efectos de poder despachar diligencias en contra de distintas personas; se afectó toda la credibilidad del sistema", enfatizó.
Asimismo, Moris hizo ver que "tanto la Fiscalía como la PDI, con equipos profesionales de alto nivel lograron precisamente, en la investigación de este caso, esclarecer (la identidad de los imputados) determinar las falsedades, y finalmente, luego de todos estos años, poder traerlos a juicio".
