Tras su sentencia por el caso Corpesca, el ex senador buscaba cumplir su condena con libertad vigilada.
Este ya ha cumplido casi la mitad de su condena con arresto domiciliario, por lo que le quedan aproximadamente dos años y tres meses privado de libertad.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este jueves el fallo de primera instancia que dictó cárcel efectiva contra el ex senador Jaime Orpis (antes militante de la UDI), declarado culpable en diciembre de 2020 de seis delitos de fraude al Fisco, así como del delito de cohecho en el marco del caso Corpesca.
En abril de 2021, el Tercer Tribunal Oral sentenció al ex legislador a cumplir una pena de cinco años y un día por los ilícitos de fraude al Fisco -con carácter de reiterado y consumado-, a la que se sumaron otros 600 días de reclusión por los dos delitos de cohecho acreditados, convirtiéndose así en el primer parlamentario del país que debe pagar cargos de corrupción yendo a prisión.
Previamente Orpis estuvo detenido 40 días tras ser formalizado y en conjunto con los que ha pasado bajo arresto domiciliario, al ex senador solo le quedaría una pena de dos años y tres meses aproximadamente.
Durante esta jornada, la XI Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Jessica González y Maria Loreto Gutiérrez y el ministro Jaime Balmaceda- rechazó la última chance judicial que tenía el ex parlamentario de evitar la cárcel: un recurso presentado en diciembre de 2021 que exigía que se le brindara el beneficio de la libertad vigilada por -según la defensa- cumplir con todos los requisitos.
"Habrá de mantenerse la decisión de primer grado que no concedió penas sustitutivas al condenado Jaime Antonio Orpis Bouchon por los delitos de cohecho, por no cumplirse los requisitos de la Ley N° 18.218 atendida la extensión de las penas privativas de libertad impuestas", resolvió el jurado.
El ex legislador fue sentenciado a pagar una multa de 109 millones de pesos, que representa el 5 por ciento de lo defraudado y la mitad del beneficio aceptado de Corpesca; quedó inhabilitado para ejercer empleos públicos mientras cumpla su condena, y también perdió sus derechos políticos a perpetuidad.
