La VI Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la sentencia que condenó a 30 agentes del dictador Augusto Pinochet por la desaparición de una opositora de 29 años, embarazada de cinco meses en el momento de su detención, en diciembre de 1976, según informó el Poder Judicial en un comunicado.
El tribunal de alzada hizo suyos los antecedentes que permitieron al juez especial Miguel Vázquez Plaza establecer la responsabilidad y participación que les cupo a los entonces agentes del Estado condenados, en el secuestro y desaparición de la víctima, Reinalda Pereira Plaza, una tecnóloga médica y miembro del Partido Comunista que daba cobijo a perseguidos por la dictadura militar.
La lista de condenados la encabezan el brigadier Pedro Espinoza Bravo, el coronel Juan Morales Salgado y el comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, sentenciados a 10 años de presidio.
Los tres se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo sentencias tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza suman más de 200 años.
Los demás sentenciados, agentes también de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, y entre los cuales hay siete mujeres, fueron condenados a penas de entre cuatro y siete años, como autores o cómplices del delito.
Reinalda Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y conducida al cuartel "Simón Bolívar", un centro de exterminio cuya existencia se conoció hace pocos años por la delación de un empleado de confianza del general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, ya fallecido.
De acuerdo con el testimonio de ese delator, apodado "el Mocito", y los testimonios de otros agentes, se pudo establecer que ningún prisionero llevado a ese lugar sobrevivió.
Durante la dictadura de Augusto Pinoochet, según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, de los que nueve casos corresponden a mujeres embarazadas.
La resolución de la Corte de Apelaciones ocurrió el mismo día en que se conoció que el Ejército de Chile repudió las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares entre 1973 y 1990, así como los obstáculos y cuestionamientos institucionales impuestos a las instancias de verdad, justicia y reparación que surgieron después de la transición a la democracia.
