Los sujetos tienen 17 y 18 años y el primero tiene un amplio prontuario policial, según informó la Fiscalía.
El Ministerio Público no descarta que haya más involucrados en este caso.
El tribunal ordenó 90 días para la investigación.
El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva de Alan Gallardo Vilches, de 18 años, y la internación provisoria de P.A.V.J., de 17 años, sospechosos del crimen de la pequeña Tamara, niña de cuatro años que murió baleada en una "encerrona" en la comuna de Huechuraba a fines de febrero.
La captura de los sujetos se concretó en la madrugada por personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).
La Fiscalía formalizó a los detenidos por receptación y robo con homicidio.
El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.
AHORA: 2° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Alan Gallardo Vilches y la internación provisoria de P.A.V.J., imputados como autores de receptación y robo con homicidio de T.M.A. de cinco años, perpetrado en Huechuraba. Plazo de investigación: 3 meses. pic.twitter.com/DXigiDEjE2
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 23, 2021
El padre de la pequeña avisó de la detención en redes sociales, información que más tarde fue confirmada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Raúl Moya y Camila Almonacid se enteraron cuando iban camino a Concepción, con el fin de acompañar a la familia de Tomás Bravo, que hoy recibió el cuerpo del niño, cuya muerte se sigue investigando en paralelo.
Respecto a la investigación en sí, se dio a conocer que el detenido de 17 años, quien mantenía una condena de libertad asistida, presenta varios antecedentes por otros hechos, incluyendo una balacera y rociar con bencina a una mujer en la comuna de Quilicura.
El fiscal José Morales, quien quedó a cargo de la indagación, detalló previo a la audiencia que si bien las cámaras de seguridad que registraron el asalto no lo hicieron "con los niveles que permiten establecer o identidad al respecto", igualmente se analizaron, así como "registros telefónicos, tráficos telefónicos y de datos, análisis de fotografías, análisis de personas que colaboraron con el Ministerio Público, con las policías, etcétera".
"Esos antecedentes en su conjunto, y gracias al análisis que hizo la Policía de Investigaciones, permiten arribar a los resultados que pretendemos exponer en detalle ante el juez de garantía", anticipó.
El Ministerio Público no descartó que haya más involucrados en este caso.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió al caso del adolescente de 17 años y apeló a la "absoluta relevancia" que avancen los cambios a la legislación actual.
"Nuestra ley de responsabilidad penal adolescente establece circunstancias atenuantes o que son evaluadas para delitos que son muy graves y que hoy se están discutiendo en el Congreso para una modificación, que nos parece de la más absoluta relevancia que avance", dijo la autoridad.
"Hay que ir al origen del delito, que está dado en las condiciones de vida: sabemos que tenemos distintos barrios que tienen una realidad muy compleja y, en esos barrios, el Estado está presente, pero falta mucho por hacer", afirmó.
