A las 10:00 de la mañana estaba previsto que comenzara la audiencia de procedimiento abreviado para los dueños del grupo Penta y el ex subsecretario.
Los querellantes siguen oponiéndose al acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.
Esta mañana se realiza la audiencia de reformalización y juicio abreviado para Délano, Lavín y Wagner.
En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolla a esta hora la audiencia de reformalización y procedimiento abreviado para los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, por el denominado caso Penta.
La audiencia, que comenzó pasadas las 10:00 de la mañana, ocurre luego que el Tribunal Constitucional declarara inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad que presentaron diputados del Partido Socialista tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Manuel Guerra con los imputados.
De esta forma, los tres imputados enfrentan este lunes un juicio abreviado y una reformalización por "apoyo económico indebido" que hace referencia al enriquecimiento ilícito.
En el procedimiento además se eliminó el delito de cohecho, recalificándolo como enriquecimiento ilícito. De esta forma, Wagner fue reformalizado por el delito de incremento de patrimonio indebido.
Délano, Lavín y Wagner no irán a juicio oral y tampoco enfrentarán penas efectivas de cárcel.
"Pablo Wagner San Martín, en forma previa a su ingreso al cargo de subsecretario solicitó a uno de los controladores del Grupo Penta que se viera alguna manera en que Banmédica le pagara un monto ascendente a 92 millones de pesos", explicó en la audiencia el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda.
"Entre mayo y junio de 2010, Hugo Bravo, a la sazón gerente general de empresas Penta, decidió entregar a Wagner San Martín, un apoyo económico indebido a través de diferentes sociedades del Grupo Penta, durante el tiempo que Wagner desempeñara el cargo de subsecretario por un monto de 3 millones de pesos trimestrales. Para lo cual, este debía que entregar una boleta de un tercero que justificara dicho pago", agregó.
La fiscalía además rectificó el monto del perjucio fiscal provocado por los dueños de Penta que alcanza los 1.714 millones de pesos, misma cantidad que esperan pagar como multa los controladores del holding.
Caso Penta: Parte procedimiento abreviado contra dueños del holding y ex subsecretario de minería Pablo Wagner @Cooperativa pic.twitter.com/f5H8BaV6L5
— Mario Rosende (@dondemario) 3 de julio de 2018
Rechazo de los querellantes
El abogado querellante Mauricio Daza, representante de Ciudadano Inteligente, aseguró que "nos vamos a oponer a lo que pensamos que es una decisión impresentable por parte del fiscal Manuel Guerra".
El profesional añadió que "hay que recordar que acá hubo varios años de investigación, que esa investigación se cerró por parte del Ministerio Público y, después de hacer un análisis de todos los antecedentes recogidos, se llegó a la conclusión de que se debía llevar este caso a juicio oral".
"Sin embargo, sin ninguna explicación razonable, se ha dado un giro de 180 grados por parte del fiscal Guerra y derechamente ahora se pretender hacer pasar un acuerdo con penas de conveniencia", agregó.
"Lo más impresentable de todo esto y que da cuenta de que finalmente, el fiscal Guerra, más que como miembro del Ministerio Público, está actuando en la práctica como un verdadero defensor de los intereses de Délano, Lavín y Wagner", agregó Daza.
"Él reformaliza con la finalidad de impedir que los demás querellantes puedan acusar de manera expedita, en forma particular, por aquellos delitos que él ha decidido descartar sin ningún tipo de justificación", siguió.
"El único objetivo de una reformalización es la posibilidad de poder impedir o de alguna manera entorpecer que nosotros podamos plantear nuestras acusaciones particulares", finalizó.
El Consejo de Defensa de Estado (CDE) también buscará oponerse al acuerdo, tal como lo hizo en el caso SQM, argumentando que la gravedad y relevancia del caso no está contemplada en el acuerdo.
En tanto el Servicio de Impuesto Interno (SII) aceptará el juicio abreviado.
En caso que se concrete el juicio abreviado, los querellantes tienen cinco días para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones.
