La acusación aborda argumentos que sostienen un "notable abandono de deberes" por parte de la jueza.
Silvana Donoso "está vulnerando de forma clara la ley de libertad condicional", aseguró el diputado Andrés Longton.
El diputado Andrés Longton (RN), acompañado por parlamentarios de la UDI, DC y la FRVS, presentaron la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, por su participación en la liberación del presunto autor del crimen de Ámbar, Hugo Bustamante.
La acusación de 50 páginas aborda argumentos que sostienen un "notable abandono de deberes" de la jueza tras, presuntamente, haber aplicado mal criterios de la Ley.
El diputado Longton señaló que "a través de esta presentación y en la discusión de la misma, vamos a acreditar que no es un hecho aislado, son actos deliberados, constantes, de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar una determinación de dejar en libertad a internos".
El parlamentario indicó que el fundamento de la acusación no sólo se basa en la liberación de Bustamante, sino que en los casos de más de 500 presos que fueron excarcelados en 2016, a pesar de tener informes negativos por parte de Gendarmería y haber sido condenados por graves crímenes, entre ellos asesinatos, violaciones y parricidios.
"Vamos a demostrar que sucesivos informes demuestran que delincuentes peligrosos no pueden y no deben recuperar la libertad. Esta jueza ha hecho caso omiso de dichos antecedentes, por lo tanto, está vulnerando de forma clara la ley de libertad condicional", fustigó Longton.
"No podemos seguir aceptando que delincuentes peligrosos anden en la calle cuando deberían estar cumpliendo su condena", subrayó.
Este miércoles, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, cuestionó la acusación, asegurando que Donoso actuó de acuerdo al marco legal. "Acusar a alguien porque está ejerciendo la labor, está aplicando la ley vigente al momento de la decisión adoptada, no nos parece que corresponda", aseguró.
"La ministra concurrió, con su voto, a dicha decisión que se adoptó conforme a la normativa vigente en esa época, que no es la misma que está vigente en la actualidad, pues el decreto de ley (321) que regla el régimen de libertades condicionales experimentó modificaciones en 2019 estableciendo nuevos requisitos", expuso la portavoz judicial.
En este contexto, el diputado Iván Flores señaló que "no se trata de hacer una organización corporativa en contra de otro poder del Estado, estamos actuando en consciencia...cada uno de nosotros".
"La gran mayoría se ha manifestado a favor de este procedimiento de fiscalización, el resultado se verá en la Cámara y en Senado, pero yo creo que llegó el momento de utilizar los instrumentos cuando sean necesarios", sostuvo el parlamentario, agregando que se deben utilizar "con el buen criterio y con la propia justicia que nosotros, otro poder del Estado, también podemos aplicar por el bien del país, eso es lo único que nos mueve: el bien común y la tranquilidad de la ciudadanía".
La acusación constitucional contó con 14 firmas: Andrés Longton (RN), Erika Olivera (RN), Gonzalo Fuenzalida (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Eduardo Durán (RN), Catalina Del Real (RN), Osvaldo Urrutia (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Harry Jürgensen (RN), Miguel Mellado (RN), Daniel Verdessi (DC), Iván Flores (DC), Pablo Kast (Evópoli) y Hugo Rey (RN).
