La empresa Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, informó que presentó un recurso de reclamación ante la Justicia Ambiental con el objetivo de impugnar el rechazo del Comité de Ministros.
A través de un comunicado, la compañía señaló que la acción busca "restablecer la legalidad del procedimiento y asegurar el cumplimiento de lo ya resuelto por las instancias técnicas y judiciales competentes, cuyos fundamentos permanecen plenamente vigentes".
En esa línea, sostuvo que "el Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias que ya han sido evaluadas durante el proceso de calificación ambiental ni incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente presentadas".
Asimismo, agregó que volver a incorporar causales como si fueran antecedentes nuevos constituye —a su juicio— una infracción a principios básicos del derecho administrativo, como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder.
Alcances del fallo previo
En la misiva, Andes Iron también precisó que "el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció parámetros claros respecto del alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros".
Según información de Emol, la empresa sostiene que el órgano en cuestión no tenía facultades para realizar una nueva evaluación integral del proyecto, sino que debía ceñirse estrictamente a los márgenes establecidos por la sentencia.
La firma resaltó además que el proyecto "cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que concluyó su cumplimiento con la normativa ambiental vigente, y que las instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento".
Por ello, enfatizó que "la controversia actual no versa sobre la suficiencia de esos antecedentes, sino sobre la legalidad de un acto administrativo que pretende reconfigurar ex post el alcance del proceso de evaluación".
El gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, sostuvo que "la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto".
"Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego", agregó.
Recurso ante la Suprema
En paralelo, la compañía interpuso el jueves pasado un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 20 de febrero de 2026.
Dicha resolución anuló el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental, lo que, a juicio de la empresa, impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto.
Andes Iron estima que "dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho".
Finalmente, la firma recalcó que "Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales".
