El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva contra el exfiscal regional Manuel Guerra, formalizado en el marco de denominado caso audios por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.
La investigación se originó a partir de mensajes de WhatsApp que Guerra intercambió con el abogado Luis Hermosilla, exasesor del Gobierno de Sebastián Piñera, los que fueron recuperados desde el teléfono del penalista. Según el Ministerio Público, dichos contactos podrían evidenciar eventuales favores o decisiones administrativas adoptadas en beneficio de determinados imputados.
Ante los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes, el tribunal estimó que su libertad constituye un riesgo para la sociedad, el expersecutor deberá cumplir la cautelar más gravosa en los 45 días de investigación fijados por la Justicia.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, dio cuenta de que "esta es la primera vez que un (otrora) fiscal regional está en esta condición. Hasta el momento, efectivamente estamos conformes", pero apuntó que aún quedan instancias: "Participaremos en las apelaciones correspondientes. Son todas distintas etapas, aquí hay que dejar claro que esto no se acaba el día de hoy; solamente obtuvimos un resultado acorde a lo que estábamos pidiendo y solicitando, pero esto no se acaba".
"Lo que sí puedo dar tranquilidad a toda la comunidad es que estos graves hechos, efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado es que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado. Eso es grave y es fuerte", aseveró.
Por ello, apuntó que "seguiremos en cada una de las etapas y defenderemos los argumentos que tenemos hasta la fecha, que reitero, tanto en la querella de capítulos como el día de hoy en la audiencia, han sido refrendados por los tribunales".
Defensa acusa quiebre de acuerdo
Por su parte, la defensa de Manuel Guerra, encabezada por el abogado Carlos Mora, manifestó su rechazo a la medida cautelar impuesta. Además, aseguró que su representado ha colaborado activamente con la justicia y cuestionó la estrategia del Ministerio Público durante la audiencia.
"La verdad es que fue una resolución bastante extensa, que evidentemente no compartimos como defensa. Durante varios días expusimos todos los antecedentes relacionados con los hechos imputados a nuestro representado (...) No estamos conformes; además, deben considerar que existía un acuerdo con el Ministerio Público que no se cumplió, lo que terminó afectando todo el desarrollo de esta audiencia", explicó el defensor.
"Demuestra que las instituciones funcionan", afirma el Gobierno
Consultado respecto a la inédita determinación de hoy, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, admitió que "no hemos monitoreado (el caso), porque no creo que corresponda".
Sin embargo, consideró que la cautelar dictada "demuestra que nuestras instituciones funcionan, que los Tribunales de Justicia y la Fiscalía funcionan, sin perjuicio del derecho de todo ciudadano a un debido proceso".
En cuanto a su opinión de las imputaciones contra Guerra, subrayó que "como ministro voy a respetar el debido proceso, pero los delitos en sí son muy graves".
