La jornada de este martes se desarrolla la segunda audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción, donde la Justicia ya comenzó a dictar las primeras medidas cautelares.
De acuerdo con la Fiscalía, el exparlamentario habría rendido facturas ideológicamente falsas ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servel, por un monto que supera los 170 millones de pesos. Por ello, le imputa los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Junto a Lavín son imputados también su exasesor Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva, a quien el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le asignó arresto domiciliario nocturno.
Para Lavín Jr. y Domínguez, en tanto, el Ministerio Público -en conjunto con la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, que figuran como querellantes- pidió prisión preventiva.
La diferenciación en las medidas cautelares de Silva obedece a un acuerdo previo con el Ministerio Público, que valoró su rol colaborativo en la investigación. Según se detalló, el imputado declaró en cuatro ocasiones, admitiendo los hechos por los que se le formalizó y proporcionando información que ha sido fundamental para el esclarecimiento de los sucesos.
Lavín tuvo "una forma de operar maliciosa y fraudulenta", expuso la fiscal
En tanto, respecto a los detalles sobre el supuesto esquema que involucra a Lavín, se indicó que la evidencia sugiere que, entre 2015 y 2022, el exdiputado presentó facturas con información falsa como gastos parlamentarios.
Desde la Fiscalía también se explicó que, a través de las imprentas MMG y Total Print, ambas relacionadas con Juan Silva, se habrían emitido facturas irregulares al entonces diputado.
El propósito de este "bolsón", según el Ministerio Público, era saldar deudas antiguas que correspondían a gastos personales de Lavín y a campañas políticas, no solo suyas, sino también de otros postulantes de la UDI.
La fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente Constanza Encina expuso que Lavín tuvo "una forma de operar maliciosa y fraudulenta con sus asignaciones parlamentarias. No solamente se encontraron este tipo de facturas a la empresa MMG, sino también a la empresa Modo 74".
"Llama la atención que aquellas facturas que fueron adulteradas materialmente y aquellas que fueron anuladas y posteriormente rendidas por el diputado Lavín -que igual obtuvo los pagos por el Congreso y no hizo reembolsos-, son justamente de los proveedores que están siendo investigados en esta causa", agregó.
Un punto crucial para la acusación es la inexistencia de registros de conversaciones sobre la ejecución de servicios reales entre los implicados.
Al exdiputado también se le acusa de ser un presunto alcalde de Maipú en las sombras, pues habría hecho distintas gestiones para despedir a 500 funcionarios del municipio que tenían una posición política distinta a la de la administración de su esposa, Cathy Barriga (2016-2021).
Defensor de Lavín: Fiscalía tiene visión errónea del caso
Sin embargo, el abogado defensor del exUDI, Cristóbal Bonacic, insistió que Fiscalía tiene una visión errónea del caso y negó que la plataforma Social Task se ocupara para campañas políticas.
"El Ministerio Público, a partir de hechos concretos, reales y algunos antecedentes, cuenta una historia que le resulta coherente con su imputación. Y esa historia se analiza en forma general y el trabajo de la defensa es entregarle al tribunal el resto de datos que omite y que hacen cambiar totalmente la visión del caso", dijo.
"Nunca se usó esa campaña o plataforma (Social Task) con cargo a fondos recopilados por el Congreso para (financiar) una campaña presidencial, parlamentaria o para concejales", agregó.
