Tras una extensa jornada de formalización, el Ministerio Público logró este domingo la medida cautelar de prisión preventiva para 14 de los 17 detenidos el pasado 2 de junio en el marco de la histórica "Operación Tokio".
El grupo -compuesto por 16 venezolanos y un boliviano- es acusado de integrar la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, habiendo presuntamente blanqueado cerca de 75.000 millones de pesos y enviado más de 84 millones de dólares al exterior entre 2022 y 2025.
Según la Fiscalía, la red criminal obtenía sus recursos a través de delitos como extorsión, narcotráfico y explotación sexual.
El persecutor regional metropolitano sur, Héctor Barros, destacó que "el gran mérito de la investigación es que nos permite abrir un espacio, un mundo que no estaba tan abierto, al menos en la Región Metropolitana, respecto a por dónde sacan o cómo sacan los integrantes del Tren de Aragua, los líderes en este caso, las grandes sumas de dinero que van recabando".
"Es posible que existan otras líneas de poder sacar el dinero del país que tampoco hemos detectado", advirtió.
El origen: un celular en Lampa
El rastro financiero comenzó a seguirse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de la comuna de Lampa en julio de 2024.
En dicho lugar, Bárbara Hernández, venezolana sindicada como una de las cabecillas del Tren de Aragua, extravió su teléfono móvil, que contenía pruebas clave sobre extorsiones a dueños de discotecas y la operativa bancaria de la banda.
La investigación también salpicó al sector financiero, revelando la participación de un ejecutivo del Banco Santander y una ejecutiva del Banco Estado, quienes presuntamente facilitaban el movimiento de dinero hacia cuentas internacionales.
Defensa y próximos pasos
De los 17 imputados, una anciana de 80 años quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que dos sujetos deberán cumplir arresto domiciliario total, incluido un boliviano -dueño de una discoteca del Barrio Bellavista- cuyo defensor, Cristián Moya, argumentó que la Fiscalía carece de pruebas técnicas contra su representado.
"No se pudo establecer por parte del Ministerio Público lo que hace referencia al presupuesto material; vale decir, el delito base que es lavado de activos. No existían elementos suficientes para dicha situación", señaló el abogado.
La "Operación Tokio" no se detiene aquí: para el próximo 1 de julio está programada la formalización de otros 10 sujetos de nacionalidad venezolana, quienes ya se encuentran en recintos penitenciarios por otras causas.
