El gerente general de la sociedad Norte Grande, Aldo Motta, se convirtió en el primer alto ejecutivo ligado a Soquimich que quedó en calidad de formalizado en el caso Cascadas.
El ejecutivo llegó acompañado por el abogado Julián López, el mismo que defiende a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en el caso Penta, hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que el jefe de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte le comunicara que es investigado por la supuesta entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El fiscal José Morales pidió a la jueza Carolina Gajardo dejar con arraigo nacional al ejecutivo y un plazo de ocho meses para desarrollar la indagatoria, lo que fue rebatido por la defensa, ante lo cual finalmente la magistrada decidió acoger la petición de arraigo, pero solo otorgó tres meses para investigar.
A Motta se le acusa de haber infringido el artículo 59 a de la ley de mercado de valores que sanciona a quienes maliciosamente proporcionen antecedentes falsos o certificaran hechos de la misma naturaleza a la SVS, a la Bolsa de Valores o al público en general.
Los antecedentes recabados en las pesquisas permitieron establecer que dentro de las sociedades cascadas se cambiaron actas de los directorios de las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera para dificultar la acción fiscalizadora de la SVS y ocultar negocios multimillonarios.
Segunda formalizada
Junto a Motta fue formalizada también por el mismo delito la abogada que ofició como secretaria de esos directorios, Claudia Morales, aunque ella quedó sin medidas cautelares.
A la salida de la audiencia que se prolongó durante toda la mañana, ni Motta ni su abogado quisieron abordar esta formalización.
"Todo lo que teníamos que decir fue dicho en audiencia, no vamos a hacer comentarios", dijo Julián López.
El fiscal Morales a su vez manifestó que "el señor Motta y la señora Claudia Morales presentaron ante la SVS actas falsas de marzo de 2011 (...) las que pretenden encubrir la participación del señor Motta y de otras personas en la denominada operación Linzor".
Según detalló el fiscal, el actuar irregular "consiste en que se venden acciones de la serie SQM-A de una de las empresas y se venden a través de un intermediario con el fin de encubrir que habían sido transacciones entre partes relacionadas y con el fin de aparentar supuestas utilidades que nunca existieron", las cuales ascienden a "135 mil millones de pesos", que "es lo que ha estimado la Superintendencia por ahora".
Las eventuales condenas para Motta y Morales van entre 541 días y 10 años, aunque por las atenuantes que tienen estos altos ejecutivos lo más seguro es que no terminen en la cárcel.
Motta fue multado el septiembre pasado por la SVS en 25 millones de dólares, luego que se constatara una serie de infracciones a la misma ley de mercado de valores.
Nuevas formalizaciones
El fiscal Morales agregó que probablemente hayan nuevas formalizaciones, donde puede estar incluido el controlador de Soquimich, la empresa minera no metálica más grande del mundo, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.
"El señor Ponce Lerou es una de las personas que está siendo investigada por los cargos del artículo 53 de la ley de mercado de valores, por lo tanto es una materia que se encuentra actualmente en investigación. Cualquiera de las personas que está siendo investigada por el artículo 53 puede ser formalizada", indicó el fiscal.