La Fiscalía chilena obtuvo 105 sentencias condenatorias por lavado de activos durante el año 2018, un 13 por ciento más que en 2017, con un total de 190 personas condenadas desde el 2007 según un informe dado a conocer este martes.
Asimismo, entre enero y noviembre de este año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió al Ministerio Público 74 Informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera con indicios de este delito (alza del 48 por ciento interanual), para totalizar 470 infracciones en los últimos 11 años.
El estudio fue divulgado este martes por ambos organismos, en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos, que se celebra cada 18 de diciembre.
La idea de las autoridades es recordar la entrada en vigencia en el año 2003 de una ley que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de activos, configurándose con ello la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo.
En ese contexto, a la Fiscalía le compete en forma exclusiva la responsabilidad de investigar y perseguir penalmente ambos delitos, además de los ilícitos que los originan, como también de llevar a los responsables ante los tribunales de justicia.
En tanto, la UAF tiene por misión prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado y/o financiación del terrorismo e informar sobre estas últimas a la Fiscalía.
Ninguna absolución
En 2018, al igual que durante el año anterior, todas las investigaciones por lavado de activos llevadas por la Fiscalía ante la justicia concluyeron en sentencias condenatorias, sin ninguna absolución.
El registro del Ministerio Público destacó, además, que en los últimos años se ha ampliado el abanico de delitos base que originan el lavado de activos.
Mientras en periodos anteriores el narcotráfico concentraba casi la totalidad de las condenas, en la actualidad ha aumentado la participación del cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, la estafa, el contrabando y el tráfico ilícito de armas.
"Este cambio refleja, por un lado, la maduración del sistema antilavado, que está permitiendo develar, perseguir y condenar con mayor amplitud las redes del delito y, en particular, al crimen organizado", destacó Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público.
La reacción efectiva de la justicia
Fernández, señaló que el cambio también da cuenta de cómo la coordinación efectiva entre la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero ha favorecido tanto la prevención como una persecución más efectiva.
Por su parte, el director de la UAF, Javier Cruz, aseguró que el crimen organizado utiliza mecanismos financieros globales y cada vez más sofisticados, con el fin de dar apariencia lícita a dineros de origen ilícito.
"De ahí la necesidad de estar atentos a las señales de alerta y a las tipologías que se utilizan para reportar todas aquellas operaciones sospechosas que se detecten", enfatizó Cruz.
