El imputado fue acusado de crear una "maquinaria" para defraudar.
Junto al principal acusado hay otras seis personas que habrían cobrado los cheques.
Fueron siete los imputados por delitos de fraude al fisco.
La medida cautelar de mayor intensidad otorgó el Juzgado de Garantía de Los Ángeles para Boris Martínez Zúñiga, ex encargado del pago de proveedores de la Dirección de Administración de la Educación Municipal (Daem) de esa ciudad.
Los hechos dan cuenta de que Martínez, entre marzo y julio de 2015 en forma reiterada, adulteró cheques caducados que no habían sido cobrados en un lapso considerable de tiempo y los emitió con una nueva orden. En total se cobraron 13 millones 500 mil pesos con 41 documentos bancarios.
"Dentro de las funciones que tenía el imputado estaba el pago de proveedores. Él se percata de que hay diversos proveedores, que si bien el pago se ordenó, no fue retirado el cheque respectivo y habían pasado años; obtiene los datos de esos cheques, los ingresa nuevamente en el sistema, genera nuevos decretos de pago, esta vez a nombre de las personas con las que estaba concertado para defraudar al fisco", dijo tras la audiencia el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía angelina, Rodrigo Durán.
Las personas a las que involucró y quienes cobraron los documentos eran su esposa, vecinos y amigos. "En algunos casos se aumentó el monto, por eso se está investigando además eventuales falsificaciones de firmas", añadió el persecutor.
CDE es querellante
Al tratarse de un delito que afecta las arcas fiscales el órgano que vela por los intereses del Estado es parte en la causa.
"Creemos que es algo inédito, que se haya decretado la máxima cautelar, y evidentemente que esa es una muy buena señal. Pensamos que el país y los tribunales tienen que dar una señal fuerte frente a delitos de corrupción por pequeño que sea el monto, es una buena señal", señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Rusque.
A los siete imputados en la causa se les formalizó por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil. Además del imputado que quedó con prisión preventiva, el resto de los acusados quedaron con firma mensual y arraigo nacional. El juzgado dio seis meses como plazo para la investigación.
