La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica confirmó las sentencias condenatorias dictadas en contra de 15 personas, entre ellas el ex alcalde independiente Waldo Sankán, el empresario Jorge Frías y cinco ex concejales, que fueron investigados por su responsabilidad en delitos de corrupción.
Fue la Fiscalía de Arica la que alertó de la vinculación de los aludidos en licitaciones corruptas en esa Municipalidad, y que involucran montos cercanos a los tres mil 600 millones de pesos.
Tras conocerse la determinación, el fiscal Francisco Ganga explicó que "la Corte de Apelaciones rechazó los recursos de nulidad que buscaban anular el juicio oral y por lo tanto confirmó las sentencias. Lo que sí se hizo fue acoger recursos y dictar sentencias de reemplazo".
"Lo relevante para la Fiscalía es que el juicio no se anuló, se confirman las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Oral y con esto la causa llega a su término con la etapa de ejecución de las sentencias", añadió.
En este sentido, el empresario Jorge Frías, propietario de la empresa Asevertrans, vio rebajada su condena de presidio efectivo de cinco a cuatro años. Adicionalmente fue condenado a otras penas que suman 941 días por tres delitos de fraude al fisco, cohechos reiterados y tenencia ilegal de arma de fuego.
En el caso del ex jefe comunal, quien había sido condenado a cuatro años de presidio en libertad vigilada intensiva como autor de fraude al fisco y 300 días por soborno, la Corte de Apelaciones rebajó la pena accesoria de inhabilidad para ocupar oficios, cargos y empleos públicos de 15 a ocho años en total, correspondiendo a cuatro años por cada delito.
La investigación desarrollada por la Fiscalía logró acreditar que el ex jefe edilicio realizó diversas acciones destinadas a obtener los votos de los entonces concejales para favorecer a Jorge Frías, adjudicándole la ampliación y renovación del contrato del vertedero y por el cual la empresa recibiría la suma de $657.576.000 pesos.
Asimismo, se probó que Sankán Martínez recibió de parte del empresario Ruperto Ojeda la suma de 30 millones de pesos para adjudicarle la propuesta de mantención de áreas verdes.
Respecto al acusado Jorge Frías, la indagatoria de la Fiscalía estableció que este ofreció beneficios económicos a los entonces concejales para que votaran a favor de la renovación del contrato del vertedero.
