La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección presentado por el suspendido fiscal Sergio Moya en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y del fiscal adjunto de la región de Coquimbo, Ricardo Soto, por el allanamiento del pasado 8 de mayo en su casa, en el marco de la investigación de la operación Huracán.
El tribunal de alzada rancagüino también rechazó el recurso de protección presentado por la señora e hijos del suspendido persecutor.
De acuerdo al fallo, las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía "se ejecutaron en ejercicio de las facultades y atribuciones de investigación que, con exclusividad, la ley asigna al Ministerio Público".
En la resolución, que consta de 14 páginas, se señaló además que "constando que las diligencias cuestionadas materia de los recursos derivan de un procedimiento en actual tramitación y adoptadas dentro de la normativa propia que establece la ley, la vía recursiva intentada no aparece apta para su impugnación".
La resolución fue adoptada por el ministro titular Jorge Fernández y el abogado integrante Mario Barrientos, quienes integraron la Tercera Sala de la corte el pasado 17 de julio, mientras que la ministra suplente Alejandra Besoain no firmó la resolución por haber cesado sus funciones en la Corte.
La acción judicial del fiscal Moya objetaba la orden de entrada y registro a su domicilio, además de la falta de autorización judicial para el registro de su automóvil y de designación especial exigida por la ley.
En la diligencia, la PDI incautó teléfonos, computadores y archivos informáticos.
