El deber de reserva de la Superintendencia no es respecto a los tribunales de Justicia, argumenta el fallo.
La ley otorga la exclusividad de la investigación de los presuntos delitos a la Fiscalía, dice el dictamen.
La SVS tendrá que entregar la investigación que está realizando en el caso "Cascadas".
En una decisión unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, encabezada por el ministro Patricio Villarroel, determinó que el deber de reserva de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) es respecto de sus funcionarios y no de los tribunales de Justicia ni de la Fiscalía.
El dictamen detalla que la ley le otorga a esta última repartición la exclusividad de la investigación de los presuntos delitos, como pueden ser en este caso las infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y al mercado de valores como lo ha citado el propio órgano fiscalizador.
De este modo, la SVS tendrá que entregar la investigación que está realizando en contra del principal controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y otros tres ejecutivos de la compañía que se conoció a fines de septiembre y que detalla las innumerables operaciones, muchas de ellas irregulares, según los socios minoritarios.
El presidente de la Sala confirmó que "se acogió el recurso presentado en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros" y explicó que "el deber de reserva también está contemplado en la ley, pero cuando se trata de informes que requieren los tribunales es necesario proporcionarlos, de otra manera no se puede llevar a cabo la investigación".
"Además, la Fiscalía puede adoptar medidas que aseguren la reserva de una información en caso que sea necesario", agregó Villarroel.
Fiscal: Estamos conformes
Los denunciantes señalan que son 600 millones de dólares el monto de las transacciones cuestionadas, lo que deberá ser revisado ahora por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y su Unidad de Delitos de Alta Complejidad encabezada por el fiscal José Morales.
El propio fiscal Morales, a cargo de la indagatoria, dijo que el Ministerio Público sí ofrece resguardo para esta polémica formulación de cargos.
"Estamos bastante conformes porque la Corte ha atendido nuestros argumentos y ha estimado que las facultades del Ministerio Público abarcan a cualquier organismo para los efectos de pedirle antecedentes. Nosotros tenemos el deber de reserva que es respecto de todas las investigaciones y todos los casos, por lo tanto vamos a hacer eso", dijo el persecutor.
La causa, en su arista penal, consta de dos querellas, una interpuesta por el accionista minoritario de SQM y sociedades cascadas Roberto Lobos, en contra de Ponce Lerou.
La otra corresponde al ex yerno de Pinochet en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda, sociedad de inversiones que hace meses viene cuestionando las operaciones financieras.
La Superintendencia de Valores describe detalladamente el esquema de operaciones bursátiles que entre 2009 y 2011 habría permitido oportunidades de negocios y una posible concertación.
El caso posee una connotación pública relevante, pues las AFP son accionistas minoritarios de SQM y deben respaldar el aumento de capital por más de 210 millones de dólares a las sociedades cascadas realizadas el pasado viernes, con la posibilidad de asumir también las pérdidas que podrían afectar al resultado de los fondos de pensiones de todos los trabajadores que cotizan en las AFP.
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