La directora del INDH, Consuelo Contreras, finalmente pagará con dinero de su bolsillo el abogado particular que la defenderá ante la Corte Suprema por la causa que busca su remoción del cargo ante la querella presentada por los diputados de Chile Vamos en el máximo tribunal.
Según informó este jueves La Tercera, el pago de la defensa de Contreras fue sacado a colación por la propia directora del INDH, en medio de la sesión del consejo el lunes pasado, cuando pidió la opinión de sus pares sobre la -a su juicio- necesidad de que el organismo asumiera tales costos por el recurso que revisará el máximo tribunal.
Lo anterior, argumentando que el artículo 90 del estatuto administrativo de los funcionarios públicos establece que quienes integran el Estado "tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma".
Sin embargo, la gran mayoría de los consejeros lo descartó, apuntando que los integrantes del organismo no son funcionarios públicos, pero algunos propusieron que los costos de su defensa se podrían "asumir colectivamente", haciendo una especie de "vaquita".
Esta alternativa voluntaria fue consensuada debido a que al menos dos consejeros -de acuerdo con el vespertino- estaban de acuerdo con que la institución pagara por la representación de Contreras.
Tal mecanismo fue utilizado con anterioridad en 2018, cuando el exdirector Branislav Marelic llevó a la Corte Suprema a los consejeros que aprobaron su remoción, pues el INDH tampoco asumió los gastos en esa oportunidad.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Contreras costeará su defensa ante el máximo tribunal.
LA QUERELLA DE DESBORDES
Producto del mismo caso, el exministro de Defensa Mario Desbordes (RN) se querelló por el delito de prevaricación en contra de Contreras y otros seis consejeros: Francisco Ugás, Juan Carlos Cayo, Paula Salvo, Constanza Valdés, Haydee Oberreuter y Lieta Vivaldi.
En esa causa penal, estos últimos contarán con representación de la Defensoría Penal Pública (DPP), algo a lo que la directora se negó. Mientras que en la solicitud de remoción ante la Corte Suprema, Ugás tendrá un abogado privado y costeado por él mismo.
La ley orgánica de la institución indica que existe una incompatibilidad para mantener el cargo de consejero si es que la Fiscalía presenta una acusación en contra del integrante previo a un juicio, por lo que la querella de Desbordes podría concluir con la remoción de los siete implicados.
