El máximo tribunal explicó que si bien el Presupuesto 2024 no contempló la renovación de autos, sí se hizo a través de la autorización de fondos adicionales.
"El Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión", remarcó la Suprema.
Luego de una larga polémica, la Corte Suprema anunció este jueves que dejará sin efecto la compra de 22 automóviles marca Lexus por la suma de 1.253 millones de pesos, para renovar la flota que ocupan los integrantes del máximo tribunal.
Dicha renovación se realiza -generalmente- cada ocho años. En esa línea, la última actualización se había llevado a cabo en 2014, es decir, el procedimiento estaba pendiente desde hace dos años.
En una declaración pública, la Suprema remarcó que "el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión".
Asimismo indicó que "la Corte Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que dispone al momento de adoptarlas".
Por ello, añadió, "este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014 se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental".
"Son esas, y no otras, consideraciones las que se tuvieron en vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los vehículos", puntualizó a la vez que explicó que "si bien la Ley de Presupuestos para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto (Dipres) -dependiente del Ministerio de Hacienda- comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial", en los cuales se incluía la "renovación de vehículos institucionales", dijo el secretario del Máximo Tribunal, Jorge Sáez.
"Formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF número 538 de 26 de enero de 2024 dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta", así, "atendida las consideraciones expuestas con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión".
La decisión para adquirir estos vehículos de lujo fue adoptada el pasado 2 de febrero, con 11 votos a favor y dos en contra, estos últimos del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz.
El caso causó gran polémica en la opinión pública, ya que cada automóvil tiene un valor superior a los 56 millones de , sumándose críticas y cuestionamientos sobre la manera en la que se gestionan los recursos públicos en medio de la catástrofe incendiaria que sufrió la Región de Valparaíso.
AHORA: Corte Suprema comunica decisión adoptada tras evaluar los antecedentes de la compra de 22 vehículos híbridos. pic.twitter.com/LIwtGP46d2
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 15, 2024
Tras lo anterior, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que "el Poder Judicial es un poder autónomo del Estado, somos respetuosos de sus decisiones, pero creo que es razonable, y el Gobierno así lo ha expresado en distintas normativas internas, de tener cierto criterio a la hora de tomar decisiones que se pueden tener en el contexto de la situación que vive el país".
"Así que yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema, va en el sentido de algunas normativas que ha tomado el Gobierno de colocar tope de valor a la reposición de los vehículos, con el objeto de que estén las condiciones para que el sector público funcione, pero también con el sentido de austeridad que ese sector requiere", agregó el subsecretario.
"El Gobierno no ha tomado la decisión de comprar vehículos Lexus, esa decisión la tomó la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha tomado la decisión de cambiar eso, y yo creo que se respeta y se valora el sentido de la última decisión que tomaron", sentenció Monsalve.
La ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, planteó que "se dio un compromiso respecto de la necesidad de aporte para el Poder Judicial en distintos ámbitos a propósito por ejemplo de la ley de pensiones de alimentos, donde hay un retraso en poder desarrollar las causas. Nosotros como Ejecutivo no vamos a dejar de cumplir nuestros compromisos, pero en general se trató de temas propios del Poder Judicial y en relación a resolver las causas de manera adecuada y en los tiempos adecuados".
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL TAMBIÉN VALORARON LA MEDIDA
Los funcionarios de esta rama del Estado valoraron la decisión de los ministros de no seguir adelante con la polémica compra, la cual -según críticos- mermaba la confianza pública en el Poder Judicial, en especial en el contexto actual del país, en que se necesitan recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los devastadores incendios en la Región de Valparaíso.
"Estamos muy contentos con la decisión que ha tomado el Pleno de la Corte Suprema. Nos da garantías de que nuestras autoridades escuchan lo que no solo dice la ciudadanía, sino que lo que internamente también nosotros queremos manifestarle de que -efectivamente- en esto había que mandar una señal clara a la ciudadanía de que el Poder Judicial hace, pero también deshace de la misma manera en que se dan las cosas", expresó el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar.
"Yo creo que esto es una decisión racional, que busca empatizar también con la situación que tenemos como país", agregó el funcionario.
LA LEY DE PRESUPUESTOS
Desde el Congreso también ha llamado la atención el problema de fondo, el que apunta -en parte- al artículo 12 de la Ley de Presupuestos que ha sido incluido todos los años desde 2022, el que exhibe al Parlamento, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público de tener que pasar por la Dirección de Presupuesto para comprar o arrendar cualquier tipo de vehículos, teléfonos, planes, etcétera.
En esa línea, el mencionado artículo podría ser revisado para el Presupuesto 2025 según adelantaron algunos integrantes de la Comisión Mixta del Congreso.
