La solicitud de implicancia fue desestimada por el máximo tribunal.
Los alegatos por el sumario en contra de los jueces cuestionados quedó para el próximo viernes.
El pleno de la Corte Suprema rechazó la solicitud de implicancia que presentaron las defensas de los cuestionados jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua para inhabilitar a los cinco jueces de la Tercera Sala del máximo tribunal ante el sumario que plantea la remoción de Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Con 11 votos contra 3, el pleno rechazó el recurso que presentaron las defensas de los tres jueces de Rancagua que enfrentan cargos por hechos de corrupción y que buscaba inhabilitar a cinco de los ministros que en abril habían solicitado iniciar un proceso de remoción sin esperar el resultado del sumario administrativo.
En esa línea, el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, explicó que "la mayoría estuvimos por rechazar porque creímos precisamente lo contrario".
En ese sentido, explicó la decisión en que "el requisito que pide el código orgánico que es que los jueces que hayan emitido alguna opinión estén con todos los antecedentes a la mano no se da en este caso porque no estaba terminada la investigación, no se contaba con los informes de los implicados y eso supone que no se cuenta con todos los antecedentes para resolver exactamente el tema del que se trata".
El abogado Isidro Solís, defensor de Vásquez, planteó que "la verdad es que nuestro objetivo al presentar la implicancia era contar con un tribunal absolutamente imparcial y que estuviera disponible para escuchar tanto los testimonios de cargo como de las defensas y finalmente resolver con justicia y con imparcialidad".
"La explicación de los ministros nos parece que es importante y para nosotros es suficiente", dijo.
Además, se fijaron los alegatos por la expulsión de estos jueces de Rancagua para el próximo viernes 21 de junio para definir si se aprueban las sanciones que propuso la ministra Rosa María Maggi en su informe final.
El informe presentado por la ministra pidió iniciar el proceso de remoción de los cuestionados magistrados por los delitos de tráfico de influencias y faltas a la probidad.
