El magistrado de la Corte Suprema enfrenta acusación constitucional por abandono de deberes.
Acción fue presentada por un grupo de parlamentarios de Nueva Mayoría por irregularidades en Sename.
El ministro Carreño junto al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
El juez de la Corte Suprema Héctor Carreño afirmó que ha hecho todo conforme a la ley luego de conocer la presentación de una acusación constitucional en su contra por un grupo de parlamentarios de Nueva Mayoría.
La acción fue encabezada por el diputado René Saffirio (DC), quien afirmó que aunque haya personeros del conglomerado oficialista que se oponen a esta situación él no puede renunciar a la obligación constitucional de fiscalizar a las autoridades del país.
A esto Carreño respondió que "no hay ocultamiento, he hecho todo conforme a la ley, he procurado poner de mí lo más posible en beneficio de los niños, de la infancia, de niños, niñas y adolescentes".
"Estoy sumamente tranquilo, como les dije la otra vez duermo tranquilo y mi conciencia está tranquila. Viene un proceso que hay que seguir en todas sus etapas y eso es", agregó el magistrado.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, también se refirió a este tema y afirmó que "yo puedo decir cuál es mi experiencia actual con la Corte Suprema y los tribunales respecto a temas de niños, niñas y adolescentes. Ha sido de total colaboración, de estrecha relación para lograr evitar situaciones que pudieran significar abusos o malos tratos".
"Hemos estado, a través del ministerio, fiscalizando las instituciones que son residencias con un equipo de abogados, sicólogos, asistentes sociales. Todos esos antecedentes se los hemos ido entregando a distintos organismos. Espero que este trabajo que estamos haciendo con la Corte Suprema y el Poder Judicial no se vea afectado por esta situación", dijo el secretario de Estado.
Ahora la Cámara de Diputados debe notificar al juez Carreño, quien en plazo de 10 días tiene que presentar su defensa ante la comisión especial, compuesta por tres parlamentarios de la UDI y dos de RN, de manera presencial o escrita. Luego los diputados tendrán seis días para estudiar el recurso y pronunciarse a favor o en contra. De ser aprobado, el Senado actuará como jurado en una posible destitución.
