"Afecta la garantía de los ciudadanos a un tribunal completamente autónomo", dijo el ministro Haroldo Brito.
Los diputados que deben analizar el proceso escucharon hoy a abogados expertos.
Durante los últimos días trascendió que la ausencia de Brito en medio del presente conflicto provocó molestia en sus pares.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, volvió a sus actividades tras concluir sus vacaciones en Europa, y reafirmó la declaración del pleno en defensa de la autonomía del Poder Judicial.
Durante los últimos días trascendió la molestia de los miembros del máximo tribunal por la ausencia de Brito, en medio de la acusación constitucional presentada por diputados de oposición contra Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama por haber concedido libertasdes condicionales a reos de Punta Peuco.
"Estamos frente a un problema de autonomía. Estamos en una situación que dificulta el desarrollo normal de las instituciones y los entes públicos", afirmó Brito este jueves.
"Lo que, en definitiva, resulta afectado, es la garantía de los ciudadanos a un tribunal completamente autónomo", agregó el presidente de la Suprema, que compartió durante esta jornada con los jueces acusados.
Cuestión de honor
Durante esta jornada sesionó, en tanto, la comisión parlamentaria ad hoc que analiza la acusación, integrada por los diputados Leonardo Soto (PS), Natalia Castillo (RD), Carolina Marzán (PPD), Esteban Velászquez (FRVS) y Renzo Trisotti (UDI).
Los parlamentarios empezaron su trabajo y escucharon la exposición de tres expertos constitucionalistas, entre ellos el DC Patricio Zapata, quien no sólo no compartió el criterio de la acusación por notable abandono de deberes, sino que llamó la atención sobre sus consecuencias.
"Lo que está en juego es no sólo la destitución, sino que la inhabilidad por cinco años para cualquier función pública, pero yo diría que lo que está en juego (principalmente) es el honor", dijo Zapata.
"A Hugo Dolmestch le deben quedar dos meses para cumplir los 75 años y el tema no es la oficina, la pega; el tema es una carrera completa, enfrentando causas difíciles en materia de derechos humanos, tratando de hacer justicia; no como otros magistrados que simplemente miraron para el lado", expuso el experto-
"No estamos evaluando si son buenas personas"
En contraste, el abogado Claudio Nash enfatizó que no hay riesgo para el Estado de Derecho y es perfectamente posible configurar la acusación: "Hay una infracción que puede ser catalogada como notable abandono de deberes. Es perfectamente posible en este caso concreto. ¿Deben considerarse las características personales de los magistrados? No corresponde".
"Tenemos una decisión errada, que profundiza la impunidad. Frente a eso, las condiciones personales –lamentablemente- en este caso no deberían ser consideradas".
"No estamos evaluando si son buenas personas; no estamos evaluando si están a dos meses o cinco años de jubilar. Lo que ustedes deben hacer es tomar una decisión que, de verdad, tiene una base judicial, pero es política", argumentó el letrado.
El abogado constitucionalista Rodrigo Poblete apuntó, en tanto, que las condenas tardías, bajas y con tratamiento de delito común para el otorgamiento de la libertad pueden sustentar la acusación.
"También hay que recordar que bajo la firma de al menos dos de estos ministros se creó una institución que ha sido nefasta para la persecusión penal de los delitos de lesa humanidad, como la medida de prescripción", aseguró.
La comisión recibió, al iniciar su sesión, una declaración de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, donde reafirmaron la necesidad de aprobar esta acusación. En contrapartida se manifestaron hoy los ex ministros del Interior DC Enrique Krauss, Carlos Figueroa, Andrés Zaldívar, Belisario Velasco, Edmundo Pérez Yoma, Jorge Burgos y Mario Fernández.
Diputado Soto: "Hay que hacer un mea culpa como poder legislativo"
La acusación está sustentada en el presunto incumplimiento de normas internacionales para el otorgamiento de libertad condicional a estos condenados. El presidente de la comisión que está realizando la acusación, el diputado Leonardo Soto (PS), hizo una reflexión al respecto.
"Hay que hacer un mea culpa como poder legislativo respecto de la incapacidad a lo largo de todas las épocas de no haber regulado las libertades condicionales de la manera de adecuarlas a la realidad que vivió Chile y también a los estándares internacionales", aseguró.
"Se aplican normas que son de 1925, una ley obsoleta y deja entrever un abandono de deberes del poder legislativo", agregó.
Lorena Pizarro: "La independencia de un poder del Estado tiene un límite"
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, su presidenta Lorena Pizarro, aseguró que "la independencia de un poder del Estado tiene un límite".
"Cuando ese poder del Estado pasa al abuso y no cumple su función que es lo que hoy día estamos viendo", agregó.
