El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la nominación de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
La candidata del Presidente Sebastián Piñera -que necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara Alta- fue respaldada por 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y con esto llegará al máximo tribunal para ocupar el puesto vacante de Carlos Aránguiz, que falleció en enero pasado.
"(Es) independiente, de larga y exitosa trayectoria judicial, de conducta íntegra y reúne sobradamente los requisitos para integrarse a nuestro máximo tribunal", planteó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien siguió la sesión presencialmente.
Asimismo, recalcó que "se le nombra porque es extraordinariamente competente y además, favorece a la política de equidad de género que queremos ver en los tribunales de justicia y, por cierto, en todas las instituciones del país tanto en el ámbito público como en el privado".
CUATRO DÉCADAS DE TRAYECTORIA
Letelier es abogada de la Universidad Católica de Chile y comenzó su trayectoria en el Poder Judicial en 1980, cuando empezó como secretaria del Primer Juzgado de Letras de Puente Alto.
Tras ello, fue designada en 1990 como jueza en el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago. En 2002 fue escogida como ministra de la Corte de San Miguel, instancia de la que además fue presidenta.
Letelier fue profesora de la cátedra de derecho procesal penal en la Escuela de Formación de Oficiales de Carabineros por 25 años y docente en los programas de formación, perfeccionamiento y habilitación de la Academia Judicial desde su creación.
También ha sido tutora en los programas de formación para jueces, de perfeccionamiento para funcionarios y de habilitación para el cargo de ministro y fiscal judicial, y formó parte también del consejo directivo de la Academia Judicial por cuatro años, entre 2012 y 2015.
Entre sus últimos fallos, Letelier debió resolver el desafuero senador Manuel José Ossandón (RN), rechazando la petición del Ministerio Público que quería llevar a juicio al parlamentario por tráfico de influencias en el denominado Caso Cavilú.
