El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, anunció que su cartera acatará el fallo de la Corte Suprema que les obliga a pagar millonaria indemnización a vecinos de la villa San Guillermo 2 de Puente Alto, por no haberles informado a tiempo que comprarían una vivienda aledaña a un ex vertedero.
Según el ministro, el vertedero de La Cañamera de los Bajos de Mena, abandonado en 1978, fue intervenido y sellado hace tres años, y será convertido en uno de los parques más grandes de la Región Metropolitana.
Intervención que, según la autoridad, debería solucionar todos los problemas sanitarios que sufren los vecinos del sector, como emanaciones de gases y contaminación del suelo.
"Justamente con lo que hemos hecho, que es el diseño y construcción del parque que sella este ex vertedero y lo transforma en un área verde, que va a poder ser disfrutada y que cambiará la calidad de vida del sector, con un sello además de tres metros, el que está ya terminado y están en plena ejecución las áreas verdes y el resto del parque", comentó Pérez.
La Suprema también ordenó a la Municipalidad de Puente Alto pagar las indemnizaciones y el alcalde de la comuna, Germán Codina, lamentó la situación de los vecinos, pero descartó responsabilidad real del municipio por la construcción de la Villa San Guillermo II en el ex vertedero.
"Claramente aquí queda en evidencia que hubo un descriterio terrible desde las políticas habitacionales del nivel central y que le impusieron a la municipalidad, en aquella fecha, entregar los permisos de edificación", explicó.
Añadió que esto es "producto de que los planos reguladores y los instrumentos de edificación territorial, establecían que si la empresa presentaba su solicitud de permiso de edificación y cumplía con la ley, la municipalidad no tenía atribuciones para poder impedirlo. Eso también sale consignado en el fallo".
El tercer y último responsable de compensar a los vecinos, la inmobiliaria Los Silos III, no se refirió al tema y solo, a través de un comunicado, afirmó que toda la construcción estuvo en regla y que la villa se encuentra a más de un kilómetro del vertedero, lo que según ellos es suficiente para evitar los problemas.
Desde 2003 los vecinos empezaron a sufrir las explosiones de sus alcantarillas debido al gas metano que se había acumulado luego de que en 1978 dejara de funcionar el vertedero y se comenzara a edificar en el lugar sin tener autorizaciones ni mediciones de gases. Suprema determinó pago de 790 millones de pesos a los tres organismos.
Protesta vecinal
Un grupo de vecinos de Puente Alto no quedó conforme con el fallo -cada familia recibirá cinco millones de pesos- y durante la noche de este miércoles realizaron una manifestación, cortando el tránsito por algunas horas en el sector de Juanita con Sargento Menadier.
La dirigenta de las asambleas populares y presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Estaciones Ferroviarias, Graciela Andrade, afirmó que piden la condonación total de la deuda de sus viviendas y no indemnizaciones.
"Estamos movilizándonos acá por el hecho de que esta misma población, esta misma villa lleva muchos años peleando, no solo en este Gobierno, sino que el Gobierno anterior, y lo que han hecho todos los Gobiernos es desconocer que hay contaminación en el sector de La Cañamera", aseguró.
Agregó que "nosotros queremos la condonación para todas las casas, no solamente para la Villa Estaciones Ferroviarias, sino que también las familias de la Villa Santa Catalina y la Villa San Guillermo".
"Ellos pretenden que con ese parque saneemos o mejoremos un poco nuestra calidad de vida. Es muy probable que 'sí sea así', pero las casas están construidas sobre el vertedero", comentó.