La Fiscalía solicitó la misma cautelar para la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo por la "gravedad" de la pena asociada a los delitos y la reiteración de estos.
La audiencia continuará durante este jueves.
Hermosilla y los otros cuatro imputados son formalizados por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, además del esposo de esta última, Luis Angulo, quienes son formalizados en el caso audios, a nueve meses de su estallido público.
La extensa audiencia inició este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y contmpla imputaciones por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.
En el caso de los otros dos imputados, Renato Robles, trabajador de la Tesorería General de la República (TGR), y Patricio Mejías, funcionario de la Dirección Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos (SII), el tribunal decretó las cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.
La fiscal Lorena Parra detalló que Hermosilla recibió más de 5.515 millones provenientes de la empresa Factop entre 2017 y 2023, además de sobres de dinero en efectivo por parte de los hermanos Sauer y los hermanos Jalaff, en 69 ocasiones en total, por 188 millones de pesos entre 2017 y 2024.
Junto a esto, también se expuso el pago de un documento en 2019 en el marco de la acusación constitucional contra el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, aludiendo a un posible lavado de activos, pues los fondos provinieron de Factop mediante gestión de Hermosilla. Se trataba de un informe en derecho encargado al penalista alemán Kai Ambos, contactado por el hoy ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien se desempeñaba en la época como abogado privado y lo conocía desde antes en el contexto académico.
Además, la Fiscalía imputó a Hermosilla rendiciones falsas ante el Servicio de Impuestos Internos entre 2020 y 2024.
Sobre la reunión en la que se originó el audio que destapó el caso, la fiscal Parra sostuvo que Hermosilla "con conocimiento de los pagos que realizaba María Leonarda Villalobos a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, le pidió a Sauer de forma tenaz, vehemente e insistente, que continúe provisionando fondos necesarios para seguir pagándole dádivas al funcionario público mencionado y a eventuales otros más, manifestándole que debe armar una caja para gastos, una caja negra, en la que debe involucrar a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, cuyas sociedades se beneficiaron precisamente de la actividad fraudulenta, para así armar 'una cucha' en el SII y de este modo lograr juntar 100 millones de pesos para pagar coimas a funcionarios públicos".
"Le dice que debe 'separar una gambita', señalando que así se podría obtener colaboración muy valiosa", detalló.
El fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, solicitó: "En nuestra calidad de representantes del Ministerio Público de Chile solicitamos en esta audiencia que se imponga la medida cautelar personal de prisión preventiva respecto de los imputados" Villalobos, Hermosilla y Angulo.
"Esta reunión es escandalosa, genera una alta conmoción e impacto a nivel país, a nivel de la opinión pública chilena. Un connotado abogado, muy conocido, con bastantes años de experiencia en el foro, cercano a altas autoridades públicas, habla impúdicamente de sobornar a funcionarios públicos", lamentó.
Tras un receso a las 13:35 horas, la audiencia se retomó a las 14:00. Sin embargo, ante consultas de los intervinientes y la consideración de que aún resta una exposición del Ministerio Público, que duraría alrededor de dos horas, el tribunal determinó que la formalización continúe mañana jueves a partir de las 09:00.
"Como se dio a conocer en este caso, dimos cuenta de los delitos de soborno y lavado de activos. Y dentro del delito de lavado de activos, por supuesto, dimos cuenta de las transacciones que se realizaron en este caso. Todavía no analizamos el lavado de activos, ustedes van a poder apreciar durante los diferentes años cómo incurrieron en diversos hechos y, por ende, debido a la gravedad, es importante en este caso la medida cautelar de prisión preventiva, por la pena asignada, por la reiteración en este caso y por una serie de antecedentes que vamos a explicar latamente", adelantó Pamela Valdés, vocera y jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente.
Además, explicó que es necesario diferenciar las cautelares solicitadas para Hermosilla, Villalobos y Angulo, la más gravosa, y para los dos funcionarios públicos, que ya quedaron con arresto domiciliario.
"En este caso, si bien ellos están formalizados por delitos graves, cohecho, lo cierto es que los demás imputados están formalizados por lavado de activos y también por los delitos tributarios. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia y, en este caso, los dos funcionarios declararon en la investigación", sostuvo.
En detalle, Hermosilla y Villalobos son formalizados por lavado de activos y estafa, como autores y en grado de consumado, además de invasión al giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, soborno y delitos tributarios.
Angulo, esposo de la abogada, es imputado por lavado de activos y delitos tributarios, mientras que los dos funcionarios, por cohecho reiterado.
A la salida del Centro de Justicia, el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del influyente abogado imputado, advirtió que "la Fiscalía hizo un buen trabajo hoy, se trata de fiscales serios que están haciendo bien su trabajo, y tenemos que esperar que termine su presentación.
"Después vienen los querellante y recién después a nosotros, como defensa", apuntó.
De todos modos, indicó que "lo primero es aclarar los hechos y que nadie quede con dudas. Segundo, que se demuestre que nosotros hemos cooperado y hemos entregado todos los antecedentes que estaban en nuestras manos. Tercero, que respondemos por lo que corresponde, no por cosas que no corresponden. Y eso es muy importante y es lo que se va a discutir en torno a cuáles son los temas de participación, qué tiene que ver cada uno".
El jurista precisó además que no han cuestionado le legalidad de la prueba que originó el caso, el mentado audio de la reunión de Luis Hermosilla, Villalobos y el empresario Daniel Sauer.
A su vez, la abogada Alejandra Borda, defensora de Villalobos, aseguró que "lo que ha planteado el Ministerio Público, y que se basa precisamente en uno de los reconocimientos de mi representada, es que la conducta que hubo acá respecto de dos funcionarios -de grado absolutamente menor- es el otorgar información".
"Aquí nosotros consideramos que existe un delito, que se ha estado persiguiendo y que nosotros hemos perseguido en calidad de querellante y en calidad de víctima, que es una estafa. Ese es el delito que existe en esta causa, una estafa, por parte de los involucrados en Factop. Ahora, lo que hubo antes de eso, es imposible que configure un lavado de activos", expuso.
