El representante legal de Democracia Viva y el exseremi de Vivienda están imputados por tres delitos de fraude al Fisco cada uno.
Fiscalía buscará que se decrete la prisión preventiva.
Este viernes se retomará la audiencia de formalización en contra del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, investigados por su rol en el denominado caso convenios.
En una audiencia que se extendió por seis horas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que partió con el control de la legalidad de la detención, Andrade y Contreras fueron imputados por tres delitos de fraude al Fisco cada uno, por cada convenio suscrito, mientras que se descartó -por el momento- la malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
"Se comunicaron cargos respecto de ambos por su participación en tres delitos consumados y reiterados de fraude al Fisco", precisó el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
Las defensas de ambos solicitaron ampliar la detención, argumentando que si bien se levantó el secreto de la investigación hace dos días, recién este mediodía recibieron las carpetas respectivas, que contendrían alrededor de 12.500 páginas, tiempo que les resultó insuficiente para revisar estos antecedentes.
Desde la Fiscalía confirmaron que buscarán la prisión preventiva para los dos involucrados. Lo que expondrá para fundamentar la necesidad de la máxima medida cautelar "dice relación exclusivamente con la participación de ellos dos en el acuerdo de voluntades con el objeto de defraudar al Fisco", apuntó el fiscal regional, Juan Castro Bekios.
El ente persecutor no confirmó ni descartó que esté realizando gestiones respecto de otras personas en la investigación.
Por su parte, el abogado Pablo Toloza, una de las partes querellantes, solicitó diligencias "de funcionarios y ministros, específicamente del asesor del Segundo Piso (Miguel Crispi), respecto de cuándo fueron ellos que tomaron conocimiento, sobre todo en atención a que hay diversas fechas que se señalan, y diversas actuaciones respecto del hecho, y además, (para saber) qué realizaron respecto de esa situación".
Aquello porque una declaración pública de Contreras, días antes de su arresto, afirmó que la Presidencia había sido informada sobre los convenios el día 7 de junio, nueve días antes de que estallara el escándalo en la prensa, contrario a lo que había dicho Crispi en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputado, de que en esa fecha había recibido "un rumor".
