Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, quien se ha mantenido ausente del ojo público desde que estalló el escándalo político por los convenios suscritos entre esa ONG y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se pronunció sobre el caso por primera vez ante los tribunales.
La Tercera PM consignó que el ingeniero civil -expareja de la diputada RD Catalina Pérez- presentó un escrito al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el que solicita ser parte de la investigación de oficio que lleva la Fiscalía Regional de Antofagasta.
"Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona (...) por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales", plantea.
Asimismo, "ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones".
La presentación también adjunta copias de las escrituras notariales en que se constituyó la fundación Democracia Viva, de las resoluciones de los contratos entre la ONG y el Serviu de Antofagasta, y del "Protocolo para suscripción de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro", elaborado por la Seremi para fijar "ciertos requisitos mínimos necesarios para la suscripción de convenios y transferencia de recursos".
Para su defensa, Andrade designó -a través de un patrocinio y poder- a cuatro abogados: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.
El vespertino destaca que además de mantenerse al margen del caso hasta ahora, el militante de RD incluso renunció como asesor del Ministerio de Defensa, donde trabajaba desde octubre del año pasado.
FISCALÍA REMITE ANTECEDENTES AL CDE
En paralelo, el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristián Aguilar, notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE), "para los efectos de que adopte las medidas que sean pertinentes de acuerdo a la esfera de sus competencias", y también le remitió los primeros antecedentes de la causa, que ya están en manos de los abogados del Comité Penal.
La Tercera añadió que se prevé que la información sea ponderada por alrededor de dos semanas antes de exponerla a los consejeros María Inés Horvitz, Daniel Martorell y Alberto Espina, quienes deberán definir si el CDE se hace parte en la investigación.
De todas maneras, fuentes del organismo dan a entender que su participación es probable, pues estiman que hay indicios de tráfico de influencias.
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