El ex parlamentario de la UDI enfrenta acusaciones por delitos de cohecho, delitos tributarios reiterados y fraude al Fisco reiterado.
También se pedirá una pena de siete años de cárcel para la ex diputada Marta Isasi.
Orpis recibió más de 233 millones de pesos por parte de la empresa.
La Fiscalía pide una pena de 21 años de presidio efectivo para el ex senador Jaime Orpis (UDI) en el marco de su investigación por el caso Corpesca.
Orpis enfrenta acusaciones por cohecho, delitos tributarios reiterados y fraude al Fisco reiterado, por haber recibido más de 233 millones de pesos por parte de la empresa Corpesca a cambio de favorecer sus intereses en el Parlamento.
La Fiscalía se basa en que el ex senador entre 2009 y 2010 y en 2013, estando en el Congreso, solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, la entrega regular de distintas sumas de dinero, esto para obtener financiamiento para su campaña electoral, a cambio de favorecer los intereses de la empresa e influir en la tramitación de la ley de Pesca.
Los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong presentarán en el juicio oral 228 testigos y 1.100 documentos, con el fin de acreditar estos hechos y los fraudes reiterados por asesorías parlamentarias que contrató y que no se efectuaron. Además, pedirán una inhabilitación de por vida para Orpis a ejercer cargos públicos.
Otra de las involucradas en el caso es la ex diputada Marta Isasi, quien arriesga una pena de siete años por cohecho y delitos tributarios, petición que también se extenderá a Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca.
El fiscal Contardo explicó que el fraude "en el caso del ex senador Orpis supera los 250 millones de pesos, en el caso de la diputada (Isasi) sobre los 70 millones de pesos. Son distintas imputaciones, son 81 delitos de cohecho, siete delitos de fraude, cinco delitos tributarios y esto implica la reiteración, por eso se elevan las penas a lo que nosotros hemos estimado".
"Los argumentos de la investigación han dado cuenta de una formalización que no sólo ha convencido al Ministerio Público, sino que ha sido objeto de un debate de un desafuero. Eso es un antecedente importante en la investigación. (...) Lo demás, es la convicción que tiene el Ministerio Público, como órgano persecutor, para llevar a juicio este caso", destacó el persecutor.
No habrá juicio abreviado, indicó el fiscal
Asimismo, el fiscal Contardo confirmó que "hoy día, atendida la pena que ya habíamos señalado con anticipación, (un juicio abreviado) no es posible, porque el procedimiento abreviado sólo es posible hasta una pena de cinco años de privación de libertad, que no es el caso de las penas requeridas respecto al senador", precisó.
En tanto, el abogado querellante Mauricio Daza apuntó que "todo aquello justifica, en aplicación a las normas legales vigentes, la pretensión de pena que se ha expresado por parte de la Fiscalía en su acusación. Creemos que es un paso adelante para poder establecer la verdad de lo sucedido y poder aplicar penas que sean ejemplares en un caso tan relevante y que afectó de manera tan grave a la fe pública".
"Creemos que los antecedentes que se han logrado establecer y recoger en la carpeta investigativa durante esta larga investigación son más que suficientes, y pertinentes además, para los efectos de poder establecer tanto los delitos que se le atribuyen al ex senador Orpis, como su participación criminal. Creemos que finalmente, en todo caso, el juicio oral se va a llevar a cabo en algún momento del segundo semestre de este año", remarcó.
Van Rysselberghe: "Es una especie de chivo expiatorio"
La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, señaló que, "en lo personal, me parece que (el caso de Orpis) es una especie de chivo expiatorio de una situación que era bastante trasversal en la política chilena hasta hace algún tiempo atrás".
"Nosotros esperamos que él se pueda defender y que también pueda tener un juicio justo, y que de alguna manera no se asado como un chivo expiatorio de una situación que, sin duda, no era correcta y uno puede condenar", agregó.
Sin embargo, "nos parece excesiva lo que está pidiendo la Fiscalía", recalcó la timonel greamialista.
En relación con la empresa Corpesca como persona jurídica, el Ministerio Público solicitará el pago de 20 mil UTM (946 millones de pesos), cinco años de prohibición para celebrar actos con el Estado y una publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional.
Finalmente, se pedirán ocho años de presidio para la ex asesora de Orpis Carolina Gacitúa, seis años para la arquitecta Lorena Lara, 541 días para el ex asesor de Marta Isasi Georgio Carrillo, y tres años y un día para el asesor Raúl Lobos.
