El fiscal nacional, Jorge Abbott, designó este jueves al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, a cargo de las dos investigaciones penales relacionadas con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están suspendidos e indagados por corrupción.
La decisión se da pese a que esta misma semana se confirmó la salida anticipada de Guzmán del Ministerio Público para asumir como secretario general del Senado. El abogado ya presentó su renuncia a la institución y ésta se hará efectiva el 1 de mayo.
La medida también escribe un nuevo capítulo en la historia de desencuentros públicos de Abbott y Arias.
"Eficiencia e imparcialidad"
La resolución de Abbott agrupa la investigación por prevaricación y enriquecimiento ilícito contra los ministros de la Corte de Rancagua -que se sigue en la Fiscalía Regional de O'Higgins- con la indagatoria por nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias, que desde noviembre dirige la Fiscalía Metropolitana Sur.
"Tratándose de investigaciones en que aparecen actualmente como imputados las mismas personas, resulta eficiente y da mayores garantías a los imputados que la dirección de ambas se mantenga bajo la dirección de una misma Fiscalía Regional", sostuvo Abbott, según un comunicado difundido por el propio Ministerio Público.
Peticiones del CDE y defensa
Con esta decisión, Abbott zanjó tres peticiones: la primera, del 15 de abril, de Paula Vial, abogada de uno de los imputados (Marcelo Vásquez), quien le solicitó que asumiera la dirección de la indagatoria por prevaricación, lo que fue rechazado.
Otra de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, quien le manifestó por escrito que "sería deseable que la investigación penal que afecta a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a cargo de la Fiscalía Regional de O'Higgins, se efectúe en la Región Metropolitana".
Durante la jornada, Abbott recibió una tercera solicitud, del fiscal Arias, para que le fuera asignada la causa por nombramientos ilegales, pero la rechazó.
En su resolución, Abbott sostiene que ha habido un evidente conflicto jurídico, expresado en "solicitudes de inhabilitación o de sanción disciplinaria entre los ministros de la Corte de Apelaciones, imputados en estas investigaciones, y el fiscal regional de O'Higgins (Arias)", y también "en la solicitud de recusación contra los mismos ministros presentada por el Fiscal Regional en noviembre de 2018".
Todo este escenario "obliga, a fin de evitar cuestionamientos sobre la objetividad de la investigación, a disponer que las investigaciones sean dirigidas por otro fiscal regional".
Sin perjuicio de lo anterior, el fiscal Sergio Moya, "quien ha estado a cargo de dicha investigación desde su inicio", apoyará al Fiscal Regional Metropolitano Sur, "concentrándose de este modo la dirección de ambas investigaciones en un Fiscal Regional", informó la institución.
