"Eso permitió que avanzara" su tramitación, dijo el ministro Carlos Montes.
La cartera enviará los antecedentes a la Fiscalía.
El Ministerio de Vivienda informó este lunes que se cerró el sumario sobre el proyecto inmobiliario Parque Capital en Lampa, aprobado cuando Felipe Ward (UDI) era titular de la cartera y en el que habría intervenido el abogado Luis Hermosilla, y anunció que entregarán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para investigar posibles responsabilidades penales y civiles.
Vicente Burgos, fiscal del caso y jefe de la División de Desarrollo Urbano de la cartera, dijo que se detectaron "cambios de criterio" en la autorización de las obras, que coinciden con los chats de Hermosilla revelados por un reportaje de Ciper en medio del bullado "caso audios".
Según consigna esta tarde La Tercera, el Minvu decidió entregar los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ya ha abierto una investigación sobre el caso.
"A partir del resultado de esta investigación, como ministerio hemos decidido entregar esto, poner fin a la investigación sumaria y poner estos antecedentes a la atención del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado para que se revisen las eventuales responsabilidades penales y civiles", dijo Burgos.
El fiscal del Minvu detalló que "en una primera etapa, hasta el 2018, el organismo (la Seremi) repudió el proyecto y en cualquier instancia donde era consultado su parecer, lo rechazó. En una segunda etapa, después de algunas reclamaciones que hizo Parque Capital, se aceptó parcialmente el proyecto", porque "no se aplicaron ciertos artículos que favorecían la gestión del proyecto y que permitieron que éste siguiera su curso, pero no con toda la posibilidad de constructibilidad que este proyecto esperaba".
"Ese proceso parte el 2019, a partir de una reclamación, y se finaliza en 2021 con un nuevo cambio de criterio", agregó.
En ese momento, "surge una nueva interpretación jurídica en relación a la aplicación de un artículo y además una interpretación extensiva respecto de la actividad productiva. Esto se enmarca en discusiones, de hecho, que son normales de estos proyectos, donde hay distintas visiones y por ciento van modificándose los criterios. Sin embargo, ha llamado la atención de esta investigación de que estos cambios de criterio, los últimos que relato, tienen alguna relación con algunos elementos que fueron descritos en el reportaje de Ciper", destacó.
Burgos explicó que "lo que aparece en el reportaje tiene relación con tiempos rápidos de aprobación, pero, en la práctica, lo que llama la atención no es tanto el tiempo en que se realizaron las aprobaciones, sino que el cambio de criterios en torno a la aplicación de un artículo de ordenanza y en torno a una interpretación que antes había sido rebatida por la Seremi. Eso es lo que llama la atención y lo que nosotros creemos que, en relación a funcionarios que ya no están en la Seremi, en consecuencia, requieren una revisión por parte de, en nuestra opinión, del Ministerio Público y del CDE, a quienes, por cierto, entregaremos los antecedentes a la brevedad".
El ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista), indicó que "hubo ciertos criterios en un momento, con su fundamento jurídico, que después con otros argumentos cambiaron y eso permitió que avanzara el proyecto".
"Aquí —añadió el secretario de Estado— lo que se hace es una investigación administrativa para determinar si hay o no irregularidades y eventuales delitos. Nosotros acá lo que vemos es que hay áreas conflictivas y complejas que tienen que investigar más quien tiene los instrumentos para citar a personas que hoy día no trabajan en este Ministerio; para buscar información por otras fuentes; para saber más (sobre) qué estaba pasando en ese entonces con este proyecto".
"Son 400 lotes: ¿qué estaba pasando? ¿Quién estaba a cargo? Ese es un conjunto de elementos que este Ministerio no tiene ni las facultades ni las capacidades y son propias del Ministerio Público para determinar la eventualidad de delitos o no delitos", subrayó.
Felipe Ward, titular del Minvu durante la segunda administración de Sebastián Piñera, negó cualquier injerencia de Hermosilla en el proyecto durante su gestión. "Lo que sí es cierto es que el Gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y acelerar cerca de 200 proyectos de inversión", aseveró.
