La Municipalidad de Recoleta cuestionó este sábado la investigación por la desaparición de escuchas telefónicas que vinculan a su comuna en una "nueva" arista del caso Luminarias, en el que se indagan posibles irregularidades en licitaciones adjudicadas a la empresa Itelecom.
De acuerdo con lo informado ayer por La Tercera, se trata de 30 audios desaparecidos, la mayoría de ellos entre el principal imputado del caso, León Marcelo Lefort, gerente general de Itelecom, y el alcalde Daniel Jadue, además del abogado personal del jefe comunal y dos funcionarios municipales.
A través de una declaración, el municipio reprochó las publicaciones en torno a este tema, asegurando que "luego de más de dos años de investigación, ningún funcionario ni funcionaria de nuestra institución ha sido requerida en el proceso investigativo".
"Desde el inicio de dicha investigación, la Municipalidad ha colaborado en cada solicitud que aporte a la investigación, pues desde la institucionalidad existe convicción de haber actuado siempre apegados a la ley", puntualizó el escrito.
En esta línea, recordaron que "el contrato de licitación de luminarias led significó y significa un gran avance para la seguridad comunal", lo cual -aseguran- "ha sido altamente valorado por la comunidad".
Finalmente, hicieron un llamado a las instituciones que imparten justicia a "aclarar ante la opinión pública los hechos descritos, pues estos generan confusión entre la comunidad recoletana".
El Ministerio Público informó en un comunicado que se designó a la fiscal metropolitana oriente, Lorena Parra, para dirigir las indagatorias en colaboración con la Unidad Anticorrupción, con el fin de aclarar los antecedentes de esta investigación, que también salpicó a funcionarios municipales de Iquique, Chillán, Negrete y Puerto Natales, entre otras comunas.
DIPUTADO PS LO TILDA DE "UNA NUEVA FORMA DE CORRUPCIÓN"
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto planteó que "la desaparición de pruebas o evidencia clave en un juicio suele ser una nueva forma de corrupción, una nueva forma de impunidad".
"Esta denuncia es de máxima gravedad, ya que las pruebas y evidencias son la clave en toda investigación penal. Son las que sostienen y fundamentan tanto la acusación que hace un fiscal, como también una sentencia absolutoria o condenatoria al final del juicio", dijo.
El parlamentario por la Región Metropolitana añadió que "el extravío o desaparición de pruebas suele hacerse cuando es doloso, para poder conseguir dilatar el proceso penal como absolución al momento de la sentencia".
Desde la esfera municipal, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), consideró que, si se comprueba lo denunciado, ello ameritaría "echar a todos los que no tuvieron la cadena de resguardo".
"Éste es uno de los actos más escandalosos que ha habido en la Justicia chilena, y espero que haya sanciones brutales, porque aquí hay protección de políticos, hay corrupción dentro de la Fiscalía y de alguna manera, de gente que se puso de acuerdo. O sea, no puede desaparecer una prueba. Por lo tanto, hay que tratarlo como corrupción y ser brutalmente duros con este tipo de cosas", remató.
CPLT ESTIMA QUE CONFIGURA "UN PROBLEMA MUY GRANDE"
Finalmente, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, enfatizó que "no hay nada probado todavía, hay que hacer una investigación, pero es natural que se despierten sospechas".
"Sería sumamente preocupante que, en los mismos organismos que tienen que dedicarse a perseguir el delito, se puedan provocar o suceder situaciones que por sí mismas son delitos, y que quienes tienen que investigarlo pudiesen estar involucrados", admitió.
El experto agregó que "ojalá no sea cierto, porque si esa fuera la conjetura, estaríamos ante un problema muy grande como país".
