Los querellantes en la causa que investiga el presunto fraude al fisco en la compraventa de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago pidieron la incautación forzosa -previo a una orden judicial- de los teléfonos de la alcaldesa Irací Hassler; del exdirector de Asesoría Jurdídica, Pierre Chiffelle y la directora de Salud, Beatriz Chamorro.
El abogado Sergio Rodríguez, represetante de los diputados republicanos Juan Irarrázabal y Johannes Kaiser, solicitó al jefe de Centro de Justicia y titular de la investigación, Patricio Cooper, que "se despache, previa autorización judicial al efecto, una instrucción particular a la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI a fin de que se constituya en la Municipalida de Santiago", informó El Mercurio.
La medida judicial tiene como fin proceder en la incautación "del celular personal e institucional que utiliza la imputada, doña Irací Hassler Jacob".
"Pido que una vez realizadas dichas incautaciones, se obtenga copia (en programa) UFED de los celulares; y una vez hecho, se revisen y analicen los correos electrónicos y programas de mensajería social, obteniendo copia de ellos y remitiéndolas al Ministerio Público de todas aquellas comunicaciones que tienen interés criminalístico", agregó el abogado.
La solicitud al persecutor se da en el marco de la incautación de computadores y dispositivos electrónicos que realizó la PDI en el municipio el pasado 18 de abril, donde pese a la obtención de gran parte de las pruebas que requería la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la policía civil no pudo llevarse los celulares de las tres personas mencionadas.
De acuerdo a un informe de la indagatoria, Hassler, Chiffelle y Chamorro "no hicieron entrega voluntaria" y "manifestaron mantener solo un teléfono celular", dice el rotativo. Pese a ello, una semana después de la diligencia, el municipio confirmó la existencia de un segundo celular institucional que usa la alcaldesa, contradiciendo así la primera versión y desencadenando cuestionamientos por la no entrega a la PDI.
TESIS DE UN "ACUERDO DELICTUAL"
En el documento entregado a Cooper destacan que "la tesis de este querellante es que existió un acuerdo delictual a fin de adquirir dichos terrenos a un precio casi cuatro veces su valor comercial" de modo que la jefa comunal, en nombre del municipio, celebró el contrato de compraventa de "dichos terrenos a un precio ascendente al monto de 8.252 millones de pesos, causando con ello un perjuicio millonario".
El abogado subraya que "fue parte de este plan delictual la decisión de desechar la adquisión de una propiedad en calle Carmen a un valor sustancialmente menor y cuyo proceso de valorización, oferta y negociación ya se encontraba avanzado, incluso con financiamiento municipal destinado al efecto".
"En dicha propiedad, por una fracción muy menor del precio pactado en la compraventa ya referida, se podía habilitar y colocar en funcionamiento un Centro de Salud Familiar municipal", agrega el escrito.
También expone que "los imputados desecharon -con falsas de justificaciones- esa opción, en beneficio de los referidos terrenos, no obstante que de acuerdo a la normativa aplicable las municipalidad no pueden explotar y administrar clínicas o centros de salud complejos", siempre de acuerdo al medio citado.
Finalmente, Rodríguez destacó la existencia de precios menores. Y que "en cuanto al valor real de los terrenos objeto del contrato de compraventa, los avalúos fiscales de las propiedades ascienden a las sumas de 1.842.978.382 y 104.495.055 pesos, respectivamente", valores según el avalúo fiscal de la comuna de Santiago.
