El Consejo de Defensa del Estado formuló una categórica contestación a la demanda de Javiera Blanco, quien inició una causa civil acusando que recibió "presiones indebidas" para dejar su cargo como consejera en 2018, cuando fue formalizada por malversación de gastos reservados en el marco del fraude en Carabineros, y exigiendo una indemnización de más de 387 millones de pesos.
Blanco fue imputada por tres causas penales cuando recién había asumido como consejera del CDE, que decían relación con: presuntas contrataciones irregulares en Gendarmería y presuntos dineros malversados en recintos del Sename, delitos en los que el Ministerio Público no perseveró.
El tercero caso se originó por presuntamente haber recibido dineros en sobres de gastos reservados que eran malversados por el alto mando de Carabineros cuando se desempeñaba como subsecretaria de Defensa: fue formalizada, pero sobreseída por la Corte de Apelaciones en junio del 2022.
Aunque Blanco finalmente dejó de estar encausada, en 2018 la entonces presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, le dirigió una carta donde expresaba la necesidad de que renunciara a su cargo en el CDE. El 13 de octubre de ese año anunció su dimisión; pero tras la resolución de esos casos, en septiembre del 2022 inició la histórica revancha contra la institución, ya que nunca un exconsejero había abierto un juicio contra el fisco.
El Consejo, por su parte, le respondió recientemente, mediante un documento de 35 páginas, donde resume de la demanda y descarta cada punto de ésta pues -a su juicio- esta acción de carácter civil es improcedente, según publica hoy La Tercera.
El organismo desestimó que la misiva de Manaud fuera intimidatoria, ya que nunca se forzó a Blanco a renunciar, sino que se le planteó, con esa carta no pública, "la inconveniencia para el servicio de que una consejera fuese imputada en una investigación penal sobre corrupción".
Y en ese marco "la demandante adoptó una decisión personal y libre de renunciar al Consejo de Defensa del Estado, motivada ésta por el bien del servicio público y por la necesidad de abocarse por completo a su defensa penal en los procesos en que estaba siendo investigada por el Ministerio Público".
Asimismo, aclaró que, jerárquicamente, "los consejeros (...) no están situados bajo el presidente del servicio, a diferencia de lo que ocurre con el resto del personal de la institución; si bien el Consejo de Defensa del Estado está dirigido por un presidente, cargo que ejerce uno de los consejeros y que elige el Presidente de la República de entre los mismos, no existe entre ellos una situación de verticalidad, como sugiere la demandante".
Por ello, descartó que haya habido "presiones indebidas", como alega Blanco: "Es implausible sostener que la demandante hubiese sido hostigada, maltratada o humillada por algún funcionario o exfuncionario del CDE mientras ejerció su cargo de consejera en este organismo. No se recibió denuncia alguna o reclamo de doña Javiera Blanco Suárez en el sentido de haber sido objeto de hostigamiento o alguna acción opresiva o coercitiva, ni nada que se le parezca", sostuvo.
Incluso citó entrevista que Blanco dio a la prensa el 13 de octubre del 2018, donde valoró su paso por el CDE y dijo que su relación fue "cordial y profesional" con todos los consejeros: "Nadie que se siente hostilizado o ha sido objeto de algún acto de apremio realiza este tipo de declaraciones", enfatizó la institución.
POSIBLE VINCULACIÓN DE CONSEJERA EN CORRUPCIÓN "INCIDÍA EN IMAGEN INSTITUCIONAL"
Para el CDE, todos modos, nunca fue cómodo que Blanco fuera consejera cuando estaba imputada, algo que la propia María Eugenia Manaud dijo tras la renuncia de ésta. La defensa de la exministra toma ese punto y pone como ejemplo la referida carta para acusar que fue presionada para dimitir.
En la respuesta a la demanda, el Consejo matizó esa consideración: "En aquella época se daba a conocer profusamente en los medios periodísticos la posible vinculación que podía tener una consejera del CDE por irregularidades y fraudes mientras se desempeñó en distintas reparticiones públicas, junto con su citación a declarar en las respectivas investigaciones, lo que innegablemente incidía en la imagen institucional".
Con todo, afirmó que lo expuesto en la acción de Blanco es "un relato vacío, en que sólo existen apreciaciones generales y abstractas que aporta poca explicación que permita determinar específicamente en qué consistirían los supuestos perjuicios extrapatrimoniales".
Finalizó, además, con una dura precisión sobre el estado procesal de Blanco en el marco del "pacogate": en la causa "por delito de malversación de fondos públicos en Carabineros (...), única causa en la que el CDE decidió querellarse, la demandante fue sobreseída por el tribunal de alzada porque concluyó que a la luz de los antecedentes reunidos, los hechos cometidos por ella –haberse apropiado entre enero de 2007 y febrero de 2010 de fondos públicos– constituirían el delito de hurto y no el de malversación, por lo que la acción para perseguir la responsabilidad penal de la encartada se había extinguido por la prescripción extintiva de un simple delito".
"Ello muestra que no es efectiva la aseveración de la demandante de que su sobreseimiento se habría decretado por su falta de participación en los hechos delictivos", concluyó.
