El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta decretar la retención de bienes de la Fundación Democracia Viva, cuestionada por los convenios firmados con el seremi de Vivienda en Antofagasta.
Esta solicitud "se basa en un cúmulo de antecedentes que constituyen los motivos graves y calificados que exige el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, que hacen procedente la medida precautoria que se solicita y que, confrontados con la situación patrimonial de la fundación Democracia Viva, permiten sostener la existencia de un riesgo evidente de que ésta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile", precisaron.
El CDE destacó que "la medida prejudicial precautoria fue concedida por el tribunal, con la misma fecha, y recae específicamente en dineros de la mencionada fundación que se encuentran depositados en la cuenta corriente del Banco del Estado de Chile, entidad bancaria que ya fue notificada de la resolución del tribunal".
Esta decisión fue valorada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien comentó que "reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una solicitud prejudicial precautoria para resguardar los fondos públicos que se encontraban en esa cuenta corriente".
"El tribunal la ha otorgado y ha ordenado que esos fondos no se pueden disponer y se deben depositar en la cuenta corriente del tribunal. Es decir, el Ministerio de Vivienda actuó oportunamente para resguardar los fondos involucrados en este caso", añadió.
OPOSICIÓN ACUSA GRAVE FALTA ADMINISTRATIVA
El senador Manuel José Ossandón (RN) acusó una grave falta administrativa en la inexistencia de boletas de garantías en los convenios firmados con Democracia Viva y otras fundaciones por parte del Ejecutivo.
El parlamentario dijo que "es muy grave, porque esto demuestra el amiguismo, que aquí se le entregó dinero sin garantías a los amigos, eso es desproteger la plata de todos los chilenos. Para que entiendan en palabras simples, el Estado te pasa plata para un proyecto, pero tú dejas una garantía y si no cumples el Estado puede cobrarla".
"Ministro, esto no es un error, es una falta grave administrativa", sostuvo.
El diputado Juan Fuenzalida (UDI) recalcó que "Democracia Viva no tenía ninguna historia, ningún banco le habría otorgado una boleta de garantía. Por lo tanto, queda claro que aquí había una arquitectura, un diseño, para saltarse todas las formalidades para entregarle la plata. Aquí hay una responsabilidad y una responsabilidad política".
Por su parte, Diego Schalper (RN) dijo que "que no haya boletas de garantía respecto de convenios celebrados por el Estado es una eventual comisión de un delito grave".
El ministro Cordero precisó que no existe una obligación legal para tener estas garantías, pero que sí sería visto como una medida de buena administración.
"¿Es obligatorio según la jurisprudencia de la Contraloría? No. Es una buena medida de administración de fondos públicos, tal como lo señaló el ministro Montes en sus comparecencias del 4 y 5 de julio al Congreso, donde advierte que esto es un problema. El equipo del Ministerio de Vivienda está reformulando, entre otras cosas, para resguardar con mecanismos de caución de boletas de garantías o similares", planteó.
Además, esta falta de boletas no es un nuevo hallazgo, ya que había sido advertida hace casi un mes por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el Congreso.