"Hay un tema que a nosotros, por lo menos, nos parece claro: (se debe) aplicar el secreto profesional, sí, pero aplicar también las excepciones que tiene el secreto profesional", dijo este miércoles Daniel Martorell, integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sobre la investigación de la nueva arista del caso Hermosilla.
La Fiscalía Metropolitana Oriente trabaja en la revisión de las más de 777 mil páginas que contienen los chats del abogado Luis Hermosilla con sus casi mil contactos. Sin embargo, no se podrá sumergir en todo para indagar la posible existencia de delitos, pues el profesional está amparado en este "deber" que consagra el Código Procesal Penal.
En entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, Martorell confirmó que el CDE busca acceder al informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del profesional, que actualmente solo está en poder del ente persecutor.
El órgano es querellante tanto en la arista referida al audio que vincula al jurista con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), como en la trama de filtraciones de información reservada que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI).
"El CDE no tiene hoy día acceso a esa información, y la explicación es muy clara", dijo el consejero: "Esa información -que sí maneja el Ministerio Público- está registrada en una investigación que se conoce por la información de (...) los audios que conoció la opinión pública respecto de la famosa reunión en la que participaba, en su oficina, Luis Hermosilla, la otra abogada (Leonarda Villalobos) y el señor (Daniel) Sauer. Esa información, el Ministerio Público la declaró reservada".
"Desde la perspectiva de la reserva que el propio Ministerio Público tiene derecho a decretar respecto de sus investigaciones, eso significa que nosotros, aunque seamos querellantes en esa investigación, por el minuto, mientras esa reserva se mantengan, no podemos acceder a esa investigación", agregó el miembro del CDE.
En esa línea, explicó: "Como querellantes, vamos actualizando una serie de antecedentes de la investigación, pero esa información, respecto de la cual está esta cantidad de información del celular, en este instante no tenemos acceso y por ello, una vez que tengamos acceso -porque las reservas no son indefinidas; el Código Procesal Penal y determinadas leyes le van fijando plazos en el cual la reserva se termina; no puede existir una investigación que sea por siempre secreta- (...), el Ministerio Público se va a hacer de ese antecedente y de tantos otros que conforman la investigación".
LA EXCEPCIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL
Martorell señaló que, en caso de acceder al informe, será "un desafío para nosotros saber cómo vamos a poder seleccionar el contenido de esas conversaciones desde el punto de vista jurídico-penal; vale decir, cuáles conversaciones podrían estar generando indicios de responsabilidades penales, de otros actores o del propio señor Hermosilla, para poder, a partir de ello, determinar las solicitudes que correspondan".
"Es un tema que, por cierto, tendrá que ser analizado: cómo nosotros, el CDE, haciéndose de esa gran cantidad de información, va a ser capaz de hacer las elaboraciones respectivas, que, a su vez, el Ministerio Público también tiene ese desafío; incluso, diría yo, con mayor magnitud, porque hablamos del ente persecutor. Él debe hacer una debida selección", añadió.
Con todo, el consejero opinó que "en esa selección, entre otras tantas cosas, yo creo que hay que generar un principio que está presente en la discusión: el principio del secreto profesional".
Advirtió, no obstante, que ese principio "tiene ciertas limitantes y ciertas excepciones. El contenido de una conversación entre un abogado y un cliente que esté protegida por el secreto profesional deja de estarlo cuando el contenido de esa información es de contenido delictual. Un abogado, cualquier abogado, no puede asilarse en el secreto profesional para estar concertándose con su cliente para la comisión de delitos".
Consultado sobre la fecha en que podría expirar el secreto de la investigación establecido por la Fiscalía, Martorell contestó: "No tengo el antecedente preciso, porque son días y renovaciones de días a partir de elementos que se están generando en la investigación. De una manera aproximada -insisto, sin una debida precisión-, la reserva de la investigación del caso audios debería estar más o menos a junio o julio de este año. Eso es lo que calculo".
¿POR QUÉ HERMOSILLA NO HA SIDO FORMALIZADO?
Martorell explicó, además, por qué Hermosilla no fue formalizado aún, a diferencia del exdirector de la PDI: "Lo importante es entender que un particular -que, en este caso, no es un funcionario público, porque Luis Hermosilla es un abogado que está actuando en esta comisión delictual como particular- también puede tener responsabilidad penal respecto a esta figura, pero es un desafío normativo, jurídico, a partir del cual elaborar una imputación y, desde esa perspectiva, esta causa tiene una serie de desafíos y uno de esos desafíos es que, si se dan los antecedentes y hay méritos suficientes para generar responsabilidades en esta comisión delictual de personas particulares que no sean funcionarios públicos, habrá que ejercerlas y habrá que determinarlas".
"En la audiencia de formalización", continuó el consejero, "el Ministerio Público, obviamente por un asunto estratégico de cómo va manejando sus casos, fue por elementos directos respecto a un funcionario público, porque esa calidad de funcionario público hacía más susceptible de fijar la imputación en esta audiencia, pero eso no significa que, después de efectuada esa formalización del funcionario público, que era Muñoz Yáñez, el Ministerio Público y el Consejo no tengan en la mira a otras personas que pueden ser particulares".
"Eso está abierto todavía y conforma uno de los desafíos que tiene la investigación y el ejercicio que estamos haciendo nosotros, como CDE", afirmó.
CAIGA QUIEN CAIGA
Finalmente, Martorell aseguró en Cooperativa que "como CDE, la expectativa que siempre tenemos cuando decidimos fundadamente ejercer las acciones en representación del fisco y del Estado, (...) siempre es que se haga justicia. Lo logramos a veces; a veces no lo logramos. Nos va bien; a veces nos va mal. Son las vicisitudes que tiene cualquier investigación".
Sin embargo, expresó que "estamos muy satisfechos y muy contentos de que se determinen las responsabilidades penales".
Y advirtió: "Si esas responsabilidades penales deben llegar a los más altos cargos, a las personas que tienen dentro de la estructura social una mayor importancia, tendrán que llegar, y respecto de eso, no cabe ninguna duda de que el Consejo ha dado muestras de que nosotros ejercemos nuestra labor de manera técnico-jurídica sin importar colores políticos, sin importar el grado de importancia que pueda tener la persona, y desarrollamos una labor fundada en el quehacer de lo que nos corresponde hacer, autoexigiéndonos siempre tener el suficiente fundamento para actuar".
"Cada vez que llegamos a esa conclusión actuamos y, al actuar, solicitamos que las sanciones sean las que, como expectativas, pedimos fundadamente en cuanto a la penalidad, en cuanto a las condenas, respecto de los involucrados", concluyó.
