El exministro del Interior Andrés Chadwick -recién renunciado a la UDI- ingresó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella en contra de 10 diputados oficialistas por "injurias graves" y "calumnias" en su contra.
Su dimisión a la colectividad fue informada esta tarde en el Congreso por el timonel Guillermo Ramírez, aunque el histórico gremialista oficializó su salida hace dos semanas, para no afectar al partido que ayudó a fundar en 1989.
Ramírez sostuvo que "el exministro Chadwick me llamó hace aproximadamente dos semanas para notificarme que había renunciado a la UDI. Lo hizo a través de la página del Servel y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones".
"Esto le va a dar a él también más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra 10 diputados que lo han injuriado y calumniado, y sobre los cuales pidió su desafuero", destacó.
El parlamentario añadió que "para él esta es una decisión muy difícil, me manifestó que fue muy dolorosa y yo aprovecho de agradecerle al exministro Chadwick que me haya llamado en el momento en que tomó la decisión de renunciar, entiendo que no lo comentó con más personas".
La otrora autoridad cuestionó que los parlamentarios lo mencionaran e incluso le imputaran delitos en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
En dicho libelo, se sostiene que el gremialista es el "instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades" en el marco del bullado caso audios.
En tanto, sus abogados también ingresaron un escrito a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para lograr el desafuero de los parlamentarios y así lograr llevarlos a juicio.
En detalle, la acción judicial es contra los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Nelson Venegas (PS), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH) y Nathalie Castillo (PC).
"Los querellados son honorables diputados de la República en ejercicio que forman parte, en la actualidad, de lo que se denomina oficialismo, es decir afines al Gobierno actual, y que el 23 de septiembre de 2024 ingresaron una acusación constitucional de 49 páginas en contra de la ministra de la Excma. Corte Suprema doña Ángela Vivanco actualmente suspendida, argumentando supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones", detalla el libelo.
Asimismo, se dio cuenta que "se trata de personas con altas calificaciones académicas, todos profesionales, con plenos conocimientos de nuestro sistema legal. En efecto, se trata, ni más ni menos, de quienes aprueban las leyes de nuestro país, es decir, en los hechos que se relatarán se debe asumir la plena conciencia de su actuar, del significado de las palabras contenidas en la acusación, en especial de las frases afrentosas dirigidas a mi persona, y de la ilicitud de su actuar".
Acusa intención de "dañarlo" en el ámbito público y privado
La denuncia de Chadwick detalla que "la acusación constitucional es un juicio jurídico-político que se concreta contra autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan por conductas antijurídicas, haciendo efectiva una responsabilidad constitucional que tiene rasgos tanto jurídicos como políticos, por los ilícitos constitucionales que están establecidos taxativamente en la Constitución Política de la República".
Frente a esto, lamentó que se usaran "expresiones e imputaciones en contra de mi persona, en las cuales me imputan delitos actualmente perseguibles de oficio, y se profieren expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, las cuales afectan gravemente mi honor, mi honra e imagen pública".
"De esta forma, instrumentalizaron la facultad constitucional que se les ha concedido, utilizando sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra. Buscan sin duda, en este artero ataque, como en los demás que a diario han proferido en la prensa, cancelar mi persona en el ámbito público y privado, pulverizando lo más posible mi reputación", cuestiona el texto.
Posible responsabilidad penal de los diputados
Además, Chadwick solicitó que los diez parlamentarios aludidos puedan ser perseguidas por su responsabilidad penal al firmar ese texto.
"Todos los querellados poseen diversos privilegios parlamentarios, como es el caso de la inviolabilidad parlamentaria, que hace excepción al principio de igualdad ante la ley, en el sentido que no podrán ser procesados ni condenados al incurrir en un 'delito de opinión', siempre y cuando se cumplan los supuestos previstos por el legislador", detalla el texto, según consignó La Tercera.
Debido a esto, asegura que "dicha inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, pero en sesiones de sala o de comisión (artículo 58 de la Constitución Política de la República), por lo que en este caso no se encuentran cubierto por aquellos presupuestos, realizando gravísimas afirmaciones en mi contra en la redacción y presentación de una acusación constitucional que va dirigida en contra de otra persona distinta de mí".
