A Mario Morales se le imputaron los delitos de cohecho pasivo, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación.
Este lunes 22 de abril comenzará el Juicio Oral en contra del exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales, ocho funcionarios municipales y tres contratistas investigados en el marco del caso "Operación Pureza".
El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, explicó que desde que Morales asumió como alcalde suplente prometió beneficios económicos a cuatro concejales de la comuna a cambio de sus votos dentro del Concejo.
Luego de ello, relató el persecutor, comenzaron a sucederse acciones irregulares referidas al pago de coimas en los procesos de adjudicación de proyectos, actos de corrupción que generaron un grave perjuicio económico a las arcas municipales entre 2018 y 2020.
Miranda afirmó que "fue posible reunir una importante cantidad de medios de prueba, algunos de los cuales fueron expuestos en su oportunidad en la audiencia de formalización en que se dejó de manifiesto la comisión de los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del edil y algunos de los funcionarios municipales detenidos".
La investigación, un documento de más de 390 páginas, el alcalde suplente, junto a un grupo de cercanos colaboradores también funcionarios de esta casa edilicia, un ex trabajador del municipio y cuatro contratistas, se concertaron para la asignación irregular de proyectos de mantención y ejecución de obras, licitaciones que eran definidas a cambio de coimas en dinero en efectivo que eran sustraídas de los precios artificialmente aumentados de los costos de cada obra.
Así, al exalcalde suplente se le imputaron los delitos de cohecho pasivo, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación. Por ello, la Fiscalía Fiscalía pedirá que se apliquen penas privativas de libertad que superan los 40 años de cárcel.
El fiscal detalló que "el Ministerio Público está solicitando respecto del universo de los acusados, penas de cárcel que suman 250 años de privación de libertad entre todos los involucrados. Esto al determinar que las coimas pagadas por la asignación de proyectos llegan aproximadamente a los 300 millones de pesos".
"Los hechos descritos por la Fiscalía, a partir de la función investigativa que dirigió en este caso, dan por acreditados la comisión de los delitos, por lo que las penas solicitadas son aquellas que la Ley contempla y creemos se ajustan frente a la gravedad de los delitos cometidos, especialmente por aquellos imputados que, ocupando cargos públicos y con una responsabilidad social a la comunidad, utilizaron dichos cargos para urdir la forma de apropiarse de recursos del Estado", remarcó.
El juicio podría extenderse por cerca de seis meses donde la Fiscalía anunció que presentará prueba testimonial, contemplando la declaración de más de 100 personas; además de variada prueba documental respecto de todos los acusados, junto a otra evidencia reunida.
