El Consejo de Defensa del Estado (CDE) activó una ofensiva judicial mediante una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del senador Miguel Ángel Calisto (ex DC, ex Demócratas, hoy independiente, elegido en 2025 en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas), con el objetivo prioritario de recuperar más de 105 millones de pesos presuntamente defraudados a través de asesorías parlamentarias falsas.
Según reveló La Tercera, la acción —presentada por el procurador fiscal Paulo Gómez— corre en paralelo a la vía penal y busca restituir al erario nacional los recursos públicos que habrían sido desviados sistemáticamente por el parlamentario y sus coimputados.
El foco principal de la demanda civil apunta a la restitución exacta de 105.554.697 pesos, monto que el Congreso entregó a Carla Graf, cónyuge de su excolaborador Roland Cárcamo, quien figuró contratada como asesora del entonces diputado.
El libelo del CDE acusa que "entre los años 2018 a 2022, Miguel Calisto se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco de Chile, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originándole una pérdida de, a lo menos, $105.554.697".
Los tres imputados "utilizaron el mecanismo de contratación de Graf como asesora parlamentaria del entonces diputado, quien realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar su contratación, a sabiendas de que Carla Graf no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada", de acuerdo con el escrito del organismo estatal citado por el diario.
El CDE sostiene que las sumas percibidas fraudulentamente por Graf no se tradujeron en informes ni minutas, sino que fueron destinadas al beneficio personal de la pareja y del propio Calisto.
Además del fraude parlamentario, la arista civil del CDE incorporó la exigencia de devolver otros 25.970.000 pesos provenientes del Gobierno Regional (GORE) de Aysén, elevando el monto total de la demanda de restitución a más de 131 millones.
Este segundo presunto fraude se fraguó mediante la postulación de tres supuestos proyectos sociales sobre equidad de género y seguridad laboral que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) regional debía ejecutar, pero cuyas capacitaciones y conversatorios nunca se realizaron.
Esta acción civil presiona aún más el complejo escenario del congresista, luego de que la Fiscalía presentara la acusación penal el pasado 25 de junio solicitando nuevamente su desafuero por fraude al Fisco reiterado.
Pese a que el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó recientemente la reapertura temporal de la indagatoria para sumar diligencias, tanto el Ministerio Público como el CDE mantienen la certeza jurídica de la participación de Calisto en el mecanismo defraudatorio.
