La Contraloría General de la República remitió la solicitud de un informe respecto de la no comparecencia de Miguel Crispi a la comisión especial investigadora del caso convenios de la Cámara Baja, dando un plazo de cinco días hábiles para que La Moneda dé cuenta de sus argumentos.
El jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda ha sido cuestionado por su negativa a asistir en dos oportunidades a dicha instancia, por lo que se pidió un proceso sancionatorio a la Contraloría.
Según el Gobierno, Crispi, quien ha entregado antecedentes del caso convenios en Antofagasta pero que no fueron tomados en cuenta por la comisión, no estaría obligado a asistir al ser un funcionario a honorarios.
El contralor Jorge Bermúdez afirmó este lunes que el exdiputado sí debe comparecer dado que Contraloría estima que "uno tiene que atender a la función más que a la denominación" y que no es tan relevante la denominación de la forma contractual, porque de ser así, "sería muy fácil eludir las formas de control", por lo que "cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas".
En esta línea, la División Jurídica de Contraloría remitió el oficio a la directora administrativa de la Presidencia de la República, Antonia Rozas, según el documento dado a conocer por La Tercera.
"Pase a la Presidencia de la República, copia de la presentación formulada por el señor Juan Carlos Herrera Infante, abogado secretario de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con la transferencia de fondos realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo", señala el escrito.
Lo anterior "a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo de Control, en el plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente".
Dicho informe "deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata".
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde China, la vocera Camila Vallejo se refirió a esta situación y señaló que "más allá de la presencialidad, el deber de rendición se ha cumplido de alguna manera al responder formalmente y por escrito varios de los elementos e inquietudes que ha presentado el Congreso Nacional. No hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado transparentemente".
"Respecto a si hay un deber de asistencia presencial o no, es algo que se le responderá formalmente a la Contraloría", añadió.
Mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, recalcó que "es conveniente desdramatizar esto, el contralor ha señalado que se va a requerir informe y todos nos tendremos que sujetar a los criterios que defina el contralor"
COMISIÓN ESPERARÁ LA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA
El presidente de la comisión investigadora, el diputado José Miguel Castro (RN), declaró que "soy yo el que al final cita o no cita" por tercera vez, por lo que "primero voy a esperar a ver cuál es la resolución de Contraloría, y después de eso veremos si le damos la oportunidad de hablar en la comisión".
Y complementó que "sería lógico tenerlo sentado al frente para que responda lo que él quiera, no teniendo claro si es que nos va a mentir o no nos va a mentir".
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), dijo que "tiene que haber un comportamiento razonable. Él fue parlamentario, él conoce cómo funcionan las comisiones y nosotros tenemos que garantizar ese respeto. Yo hago un llamado al señor Crispi a que comparezca a la comisión lo antes posible".
Esta jornada la Sala de la Cámara, en votación dividida, extendió por 15 días hábiles más el plazo de dicha comisión.
INVESTIGACIÓN POR EL CASO CONVENIOS "HA AVANZADO", DICE VALENCIA
El fiscal nacional, Ángel Valencia, insistió que ni Crispi ni la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, está eximidos de tener que responder ante el Ministerio Público si es que se les requiere.
"No puedo entregar información detallada sobre diligencias respecto de investigaciones que tienen carácter de reservado, pero sí todos los habitantes de la República que se encuentren citados por un fiscal para comparecer a declarar o que sean citados por un tribunal, van a tener que hacerlo en esta investigación o en cualquier otra", puntualizó.
Además, sostuvo que "de momento, esa investigación ha avanzado, en nuestra opinión, satisfactoriamente y hay personas incluso que se encuentran en prisión preventiva como consecuencia de estas investigaciones. Nos parece que había consideración que ya avanzan adecuadamente, no procede de momento que introduzcamos cambios respecto de la forma de introducir".
